Los propietarios de los negocios más veteranos de la provincia se han tomado las uvas sabiendo que el nuevo año ha traído consigo el fin de los denominados alquileres de renta antiguaalquileres de renta antigua, aquellos que se firmaron antes del año 1985.
En la provincia de Alicante se han visto afectados en torno a 2.600 comercios, según las estimaciones hechas a partir de los datos aportados por la Dirección General de Comercio de la Generalitat, que calcula que en torno al 10% de los negocios de la Comunidad son de renta antigua. Estos establecimientos deberán adaptarse a los precios de mercado, con subidas que pueden oscilar de los 300 ó 400 que pagaban hasta ahora a los 1.800 ó 2.100 euros. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que en el conjunto de España, el fin de estas rentas antiguas deja en el aire 65.000 puestos de trabajo, de los que 4.600 corresponderían a la provincia de Alicante. A nivel nacional ya han surgido plataformas que piden una moratoria en la actualización de estos arrendamientos.
Los alquileres de renta antigua quedaron heridos de muerte en el año 1985 con el denominado decreto Boyer, que eliminaba la prórroga obligatoria de los contratos que regía hasta el momento. La posterior Ley de Arrendamientos Urbanos, de 1994, fijó un plazo de 20 años para la caducidad de estos alquileres. Sólo se salvan aquellos negocios regentados por el titular o su cónyuge, pero son una minoría, ya que la inmensa mayoría de estos comercios están en manos de la segunda generación. El fin de la moratoria llega además en un momento muy delicado a causa de la crisis, ya que el comercio minorista ha perdido un 8% en ventas durante el último año.
Sin carácter vitalicio
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 también supuso el principio del fin para las viviendas de renta antigua. Desde entonces, estos arrendamientos ya no tienen carácter vitalicio y sólo pueden pasar al cónyuge del inquilino original o a un hijo discapacitado. Cuando estos fallecen, el precio de la vivienda se actualiza al de mercado.
Pese a que han pasado 20 años desde la aprobación de esta normativa, en la provincia de Alicante todavía hay cerca de 20.000 viviendas cuyos inquilinos comenzaron a vivir en ellas antes de 1985 y que pagan un alquiler por debajo del precio de mercado. Es decir, «en la práctica se puede considerar que son viviendas de renta antigua», señala Paloma Taltavull, directora del título propio de Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Alicante.
Rosa Dueñas, es propietaria de dos de estas viviendas en el alicantino barrio de San Blas. Sus inquilinas llegaron a ellas en los años 70 y desde entonces apenas ha podido modificar el precio del alquiler. «Por una casa de 3 dormitorios y dos baños ubicada en una calle amplia y céntrica pagan 14 euros al mes». Con la parte proporcional de la limpieza de la escalera y de otros recibos como el de la contribución, «al final desembolsan unos 40 euros mensuales, muy lejos de los 350 ó 400 euros que pagan el resto de vecinos de la finca», explica esta empresaria, quien sostiene que con estos precios «los propietarios perdemos dinero».
Dueñas ha intentado negociar en alguna ocasión con sus inquilinas para actualizar los precios, «pero no quieren ni oír hablar del tema y sólo dicen que se van si les pagas una cantidad exorbitante de dinero».
