Tras la dimisión de Sonia Castedo como alcaldesa, los grupos de Esquerra Unida y UPyD elevarán al próximo pleno municipal sendas propuestas para pedir la retirada del Plan General en trámite que lleva cuatro años paralizado en el Consell y es objeto de una investigación judicial por su presunto amaño. En el caso de EU también se pide la paralización del trámite «del macrocentro comercial con tienda de Ikea que promueve Enrique Ortiz sobre los terrenos del anulado e insostenible Plan Rabassa, cuyo presunto amaño también es objeto de investigación judicial».
Pavón agregó que pedirá que se aparte de forma cautelar al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y a la actual jefa del departamento jurídico de Urbanismo, Isabel Campos, por su imputación judicial.
Según Pavón, «la desvinculación del PP con la figura de Castedo sólo será creíble si desde el nuevo equipo de gobierno se cuestionan», por lo que agrega que «Miguel Valor y el PP postcastedo tendrán que retratarse en su primer pleno ordinario». Igualmente pedirá el rescate de algunas contratas en manos de empresas participadas por Ortiz.
Además de las sospechas de presunta corrupción sobre el Plan General en trámite a las que aluden desde EU y UPyD, Pavón hace referencia a las previsiones sobredimensionadas del documento. Como avanzó este diario, la nueva ley urbanística valenciana, que da prioridad a la finalización de los planes urbanísticos existentes, aboca a revisar el nuevo documento por estar sobredimensionado al prever unas 34.000 viviendas cuando todavía hay suelo para otras 12.000 casas.
25.000 casas vacías
Pavón agrega que, además, hay más de 25.000 viviendas vacías en la ciudad y que no atiende a la demanda real. Sostiene, igualmente, que al menos casi 26.000 de las 34.000 nuevas viviendas previstas en el PGOU forman parte de dos planes en los que Ortiz era o aspiraba a ser urbanizador.
