La portavoz del equipo de gobierno local, Marta García-Romeu, aseguró ayer que la Policía Local reforzó durante el fin de semana sus inspecciones contra el ruido y el botellón en el Casco Antiguo tras las denuncias de los vecinos por la macrofiesta universitaria que congregó a miles de jóvenes la semana pasada. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los vecinos, que en un escrito remitido al Ayuntamiento de Alicante acusan al equipo de gobierno local de no atender a sus quejas y advierten de los riesgos de seguridad ante la acumulación de gente así como de las molestias por el ruido, el botellón, la suciedad y los actos vandálicos.
La también concejal de Urbanismo confirmó que no tenían constancia de la celebración de la macrofiesta, que fue alimentada a través de las redes sociales. García-Romeu aseguró que, tras el aumento de las quejas vecinales, «se está haciendo un trabajo conjunto entre Urbanismo y Policía Local para hacer una revisión de las licencias y del cumplimiento de las mismas». En esa línea, aseguró que este fin de semana se puso en marcha un operativo con brigadas policiales adscritas a urbanismo, vía pública y contra el botellón y se realizaron «varias inspecciones» en los locales, sin que se detectase «ningún incumplimiento» en materia de ruido y licencias. En cuanto al botellón remitió al área de Seguridad, que no dio datos.
Los vecinos aseguran que, por medio de los pubs, saben que hubo una mayor vigilancia, pero inciden en que lo que necesitan es una «solución definitiva» al problema del botellón, del ruido y de la falta de limpieza, como sostiene el portavoz de la asociación de vecinos Laderas del Benacantil, José María Morán Berruti. Sobre esto último, en el escrito remitido por la asociación al Ayuntamiento se asegura que se incumplen las frecuencias de barridos y baldeos en la zona. Además consideran que la seguridad «debería multiplicarse» durante los fines de semana y que los horarios tendrían que reducirse. «Es inadmisible que las administraciones no hagan prácticamente nada», sostienen.
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer el pago del transporte público de julio, mes en el que se reforzó la línea a Urbanova, por importe de 1,12 millones de euros, 75.000 euros más que el mes anterior, según García-Romeu. Sobre este asunto, el portavoz de UPyD, Fernando Llopis pidió ayer la inclusión de bonos de transporte ilimitados.
En una Junta de Gobierno posterior, convocada por urgencia, se acordó prorrogar por un año más el contrato de suministro eléctrico con un importe de 8,2 millones de euros. El concejal del PSOE Gabriel Moreno consideró que es un contrato «a todas luces insuficiente».
Por otro lado, el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón pidió ayer por escrito que se le faciliten las facturas de las cajas fijas del Ayuntamiento ante el «silencio» del equipo de gobierno al respecto.
