Nueve años después del cambio del proyecto, incorporando el polémico trazado desde el Azud de la Marquesa, y trece desde que se pusiera la primera piedra de un trasvase que ha costado 400 millones y sólo ha transferido 8 hm3 del río Júcar a Alicante desde que comenzara el envío de agua, el Ministerio de Agricultura está a punto de dar el golpe de gracia a la infraestructura. El pasado 26 de septiembre acabó el plazo de seis meses que el anterior ministro, el hoy eurodiputado Arias Cañete, fijó con los regantes para tomar una decisión sobre la recuperación de la toma original de Cortes de Pallás. La única respuestas fue ampliar el plazo para estudiar si el Gobierno recupera la toma de Cortes de Pallás. Plazo que habrá expirado el próximo domingo.
La Confederación Hidrográfica del Júcar comunicó hace más de un mes al presidente de la Junta, Andrés Martínez, en presencia de la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, que el escenario había cambiado. El Gobierno no puede garantizar ahora la solución del Consell (el envío 12 hm3 de agua potable del embalse de Alarcón para compensar el bloqueo de Cortes, que también defiende el informe de Ineca) y, por otro lado, las condiciones para el regadío también varían. La presidenta de la Confederación, María Ángeles Ureña, trasladó a sus compañeros de mesa que el Júcar es un río deficitario, por lo que tampoco está claro que se pueda mantener el polémico trasvase desde Cullera.
Lo cierto es que la toma de Cortes ya no es sólo una apuesta de los regantes. El prestigioso Instituto Interuniversitario de Geografía, la presidenta de la Diputación y el PP de Alicante la reclaman a Rajoy.
