El jueves 27 de noviembre ha sido citada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para declarar como imputada por las supuestas irregularidades en la tramitación del plan Rabasa. Un mes antes, el 27 de octubre, lo hará el empresario Enrique Ortiz y al día siguiente será el turno del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la jefa jurídica de la Gerencia, Isabel Campos. Los dos exresponsables del Carreteras han sido citados el 29 de octubre. En un auto en el que a Castedo le dedica el último párrafo antes de la parte dispositiva sin atribuirle actuación alguna en los hechos investigados, el magistrado acuerda las citaciones al existir en el informe policial indicios de que la tramitación del plan «pudo realizarse para beneficiar los intereses» de Ortiz. El auto recoge cómo estando suspendida la tramitación del plan desde diciembre de 2009 por orden del TSJ el Ayuntamiento continúa adelante hasta que en enero de 2010 aprueba someter a exposición pública el proyecto del convenio entre Ortiz e Ikea para la instalación del centro comercial. El juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
