El negocio con la multinacional Ikea parecía redondo. Y con Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante se redondearía todavía más, según los datos que revela el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ya que el montante a percibir por Ortiz según los contratos con Ikea pasaría de 40 millones de euros por una primera venta de fincas a la firma sueca en 2007 a más de cien millones solo dos años después, cuando Castedo ya era regidora de la ciudad.
Según el documento elaborado por la Policía, Castedo auspició la venta del suelo de Ortiz a Ikea a través de la aceptación de unas duras condiciones exigidas por la firma sueca para poder llevar a cabo la operación. Unas condiciones tildadas de «leoninas» por la propia UDEF y sin cuya aceptación, según la Policía, no se hubiera podido llevar a cabo el contrato. Hasta tal punto Ikea impuso arduas condiciones al empresario que en una conversación entre Ortiz y uno de sus empleados, éste último le dijo al promotor que ningún ayuntamiento firmaría eso.
Sin embargo, el Consistorio aceptó en 2008 una de las exigencias de Ikea al promotor como agente urbanizador: suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Alicante ysuscribir un convenio con el Ayuntamiento de Alicante aprobación posterior del mismo mediante resolución firme en el que se informara favorablemente de un cúmulo de compromisos, tales como la modificación de un artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Los registros llevados a cabo por la UDEF en las oficinas de Enrique Ortiz en julio de 2010 corroboraron lo que las escuchas intervenidas afirmaban. La Policía halló un borrador que, según concreta, daba por hecho una reunión entre la multinacional a través de sus representantes con Enrique Ortiz y Sonia Castedo en la que la firma sueca trasladó los puntos que quería que formasen parte del convenio y que se plasmaron en el «Convenio Ayuntamiento» necesario para que Ortiz firmara la compraventa en junio de 2008 por 67 millones de euros más IVA. Esta cantidad superaba los 40 millones que, según revela el informe, Ortiz ya cobró a la multinacional en febrero de 2007 por la venta de 29.000 metros cuadrados de suelo en el PAU 1 y que tuvieron que ser restados posteriormente de las distintas transacciones al comprar finalmente Ikea el suelo de Ortiz en Rabasa.
La Policía sostiene que para poder desarrollarse la operación fue fundamental el auspicio de Castedo, aún por entonces concejala de Urbanismo. «Sin la venia del Ayuntamiento a través de Sonia Castedo, ante las exigencias de la multinacional bajo la intermediación del empresario investigado, no se hubiera firmado el contrato». El informe habla de un nuevo contrato en septiembre de 2008 que también habría sido avalado por el exalcalde Díaz Alperi.
Así, Ortiz ya vendió suelo a Ikea en 2007 por 40 millones, que en junio de 2008 pasaron a ser 67 millones. Pero ahí no quedó el acuerdo, ya que siguieron nuevas ampliaciones del contrato hasta lograr el promotor vender suelo por unos cien millones de euros siendo ya Castedo alcaldesa. Las cifras se iban hinchando a la vez que Ortiz iba «presionando» a técnicos y cargos públicos, según la Policía, para que se lograran todas las condiciones exigidas por Ikea. Había mucho dinero en juego y si Ortiz no quería perderlo debía cumplir con los tiempos y condiciones marcados, porque las penalizaciones impuestas por la multinacional eran muy duras.
Ampliación de contrato
Según revela el informe, Ikea y Ortiz llegaron a realizar una nueva operación de ampliación del contrato por la que la primera pagaría en 2009 un total de 97,5 millones de euros por adelantado y sin escritura pública al promotor por los terrenos de Rabasa a través de la sociedad Deproinmed. Mientras tanto, el Ayuntamiento ya había sacado para adelante diferentes fases de la tramitación del Plan Rabasa.
