Las conclusiones del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que apuntan a que Enrique Ortiz pudo regalar un velero al exportavoz socialista Blas Bernal por votar a favor del Plan Rabasa y las conversaciones recogidas en él entre el empresario y exsenador Ángel Franco dispararon ayer las tensiones dentro del grupo municipal socialista. Los concejales más distantes con la actual ejecutiva, liderada por Gabriel Echávarri, volcaron su enfado en las redes sociales. La más crítica fue Ana Paula Cid, que en una batería de comentarios en su muro de Facebook llegó a pedir la dimisión de Echávarri y fue más allá al acusarle «de ser cómplice de la corrupción». En otro comentario la concejal y diputada provincial del PSOE añade que desde el partido «pensaban que el tiempo lo tapa todo, pero la mierda flota».
La edil, según aclaró a este diario, se refiere así a que en el momento en el que los socialistas votaron a favor de Rabasa en 2005 «el PSOE se hizo cómplice de un urbanismo depredador». En sus comentarios de la red social consideró que «es el momento de disolver la agrupación socialista en Alicante porque plantear unas primarias en estas circustancias es absurdo». En su opinión, «la connivencia con la corrupción hace insostenible la situación».
Una sensación que también se reflejó ayer entre el grupo de concejales críticos. En la sede del grupo municipal se palpaba la tensión. Concejales del grupo municipal recuerdan los expedientes que se les abrieron, como es el caso de Gabriel Moreno, por vincular públicamente al partido con la corrupción y mostraron su enfado al conocer las conclusiones del informe policial sobre Rabasa. Entre otras cuestiones apuntaron su intención de pedir al partido que reactive la petición que realizó un grupo de militantes hace unos meses para expulsar a Ángel Franco del PSOE. Los ediles críticos coinciden en que es momento de adoptar medidas, teniendo en cuenta la factura que les puede pasar esta situación en las municipales.
Por su parte, el portavoz socialista Miguel Ull consideró «inaceptables» las opiniones vertidas por Ana Paula Cid en las redes sociales y añadió que podrían tener consecuencias dentro del partido y jurídicamente. Ull admitió que las afirmaciones del informe judicial cayeron como un jarro de agua fría en el grupo y aseveró que «el que la hace, la paga y lo paga, por lo que si se demuestra que alguien se lucró con Rabasa, tendrá que devolverlo, sea quien sea».
