El informe policial hace referencia, literalmente, a la «argucia» utilizada por la jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo -imputada junto al gerente de Urbanismo en el caso Rabasa- para intentar adelantar en septiembre de 2008 la llegada al pleno del Plan Rabasa sin tener que esperar a un informe municipal.
Según los agentes, la estrategia, acordada según el informe con la secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, Mari Ángeles Ureña, era que toda la documentación se enviara a la delegación territorial de la Conselleria en Alicante, donde trabajaba el hermano de Sonia Castedo, y dónde se confirmaría que se habían cumplido las subsanaciones que exigía el texto refundido del Plan Rabasa y, con el informe positivo, se devolvería al Ayuntamiento.
Campos lo llevaría a Pleno en base al informe de Conselleria. La artimaña no cuajó, por lo que Sonia Castedo urgió los informes para que pudiera ir al pleno cuanto antes, según la UDEF.
