Sólo las sequías de 1914 y 1945 fueron peores para la provincia que la que estamos sufriendo en 2014, que es ya una de las más catastróficas desde que existe registro meteorológico (1856). El año agrícola que se termina mañana (septiembre 2013-agosto 2014) registra un déficit de precipitaciones del 70% y la situación puede empeorar en lo que queda de año, convirtiéndose en la sequía más grave de la historia, si no se registra una lluvia intensa este otoño, según un informe del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.
Salvo en la comarca de la Marina Alta, donde las precipitaciones de mediados de mes (15-16 agosto) dejaron cantidades importantes y l'Alcoia-Comtat; en el resto de la provincia de Alicante la situación de sequía se ha agravado este verano, marcando el año agrícola más seco del último siglo. De media, las lluvias en la provincia se sitúan por debajo del 30% de lo que debería haber llovido desde enero de 2014 hasta agosto. «Si en otoño sigue sin llover, a final de año hablaremos de una sequía histórica», alerta el director del Laboratorio, Jorge Olcina.
La situación es más extrema en la capital alicantina, donde los observatorios marcan un récord nacional de poca lluvia en los 12 meses del último año agrícola. Tan sólo han recogido 69,4 litros en 12 meses. No es mejor en lo que va de 2014, puesto que el déficit es del 80%. En los ocho primeros meses del año tan sólo se han recogido 30 litros de lluvia por metro cuadro, cuando lo normal habría sido 170.
Para encontrar unas condiciones similares hay que remontarse a la sequía de los años 1909-14, o a los años muy secos de 1883, 1937, 1961, 1967, 1981 o 1994, y lo más preocupante es que los pronósticos meteorológicos no muestran un cambio radical del tiempo que pudiera dar lugar a lluvias importantes en los próximos diez días. Septiembre y octubre son meses determinantes para calibrar la situación de sequía. Si no lloviera como debe este otoño, el regadío, que afronta un dramático final de año, se irá al garete.
Los agricultores ya están tomando medidas ante la fuerte sequía y se han visto obligados a comprar agua de comunidades de regantes de otras autonomías. Así lo confirmaba ayer Ángel Urbina, portavoz de la Comunidad de Riegos de Levante, que agrupa a agricultores desde Orihuela a Mutxamel. Según Urbina, en lo que va de año, es decir de enero a agosto, el agua destinada a riego se ha incrementado en un cincuenta por ciento respecto al mismo periodo del año anterior por la ausencia de lluvias. «Estamos atravesando una de las sequías más graves de los últimos años. Ya antes del verano teníamos claro que si durante julio y agosto no llovía nos veríamos obligados a comprar agua a comunidades de regantes de otras autonomías», apuntaba Urbina.
Los representantes de los regantes alicantinos están intensificando las negociaciones para poder comprar el agua a otras comunidades al precio más asequible posible. «Esta opción hará subir el precio del agua, pero es algo necesario. Estamos preocupados por la falta de agua, pero haber conseguido la ley de cesión de derechos que se aprobó en diciembre nos da cierta tranquilidad, ya que abre la puerta a poder traerla de otros sitios», explicaba el portavoz de Riegos de Levante.
Tal y como recuerda Urbina, durante la sequía entre 2006 y 2010 «les compramos derechos a razón de 1.000 millones de pesetas por año durante tres campañas». Concretamente, los regantes de la provincia pagaron el agua de Estremera 0,18 euros por metro cúbico, más cara que la que por ley les corresponde recibir de Entrepeñas y Buendía. Este agua llegaría al Tajo-Segura y permitiría regar los cultivos a partir de octubre.
A los agricultores alicantinos no les queda otra opción que recurrir a la compra externa de agua si quieren garantizar los cultivos de invierno, fundamentalmente las hortalizas. El 30 de septiembre la Junta de Explotación del acueducto Tajo-Segura tiene que decidir cuánta agua del Trasvase va a dar para riegos y abastecimiento de octubre a diciembre. Para ello es necesario que el Ministerio de Agricultura apruebe y pase por el Consejo de Ministros las reglas de explotación que ya han sido consensuadas para el reparto del agua.
