La nueva ley urbanística de la Comunidad Valenciana que eleva de cuatro a quince años el plazo para perseguir las construcciones ilegales, realizadas sin licencia o sin ajustarse a la que tengan concedida, será de aplicación para el Ayuntamiento de Alicante, que está estudiando cómo afecta esta nueva regulación a la ordenación urbanística de la ciudad, aunque la concejala del área y portavoz del equipo de gobierno, Marta García-Romeu, avanzó ayer que la ampliación de este periodo en el control de las infracciones se aplicará a partir de ahora, que es cuando entra en vigor.
Con ello, la representante del área de Urbanismo se refiere a que se trata de una ley sin efecto retroactivo, por lo que las obras ilegales anteriores seguirán rigiéndose por la regulación anterior, según la cual prescribían a los cuatro años. «Será a partir de ahora cuando se aplique, no en las obras ilegales o infracciones en marcha», afirmó.
Esta nueva ley dice que la infracción y el periodo para imponer multas a los infractores se mantiene hasta los cuatro años pero la obligación de demoler o legalizar se extiende a largo de quince. Además, desde ahora los ayuntamientos podrán expropiar propiedades con infracciones muy graves. Esto podría afectar a miles de chalés ilegales construidos en la Comunidad Valenciana durante la burbuja inmobiliaria. También se podrán imponer multas por incumplir la orden de restauración de la legalidad, en cuantías entre 600 euros y 3.000.
Marta García-Romeu explicó que el grupo de gobierno está estudiando la nueva legislación y que su departamento ha solicitado a los técnicos de Urbanismo diversos informes sobre la misma y cómo afecta al Ayuntamiento alicantino. El nuevo texto prevé legalizar las viviendas ilegales construidas antes de 1975.
