La Generalitat y la Agencia Tributaria han iniciado una campaña para tratar de erradicar la oferta ilegal de alojamiento turístico en la Costa Blanca y desde este mes inspectores de la Agencia Valenciana de Turismo y la Policía Autonómica trabajan conjuntamente en el seguimiento fiscal de las infracciones que se detectan en este subsector que mueve ya al año unos mil millones de euros de dinero opaco a Hacienda. Una actividad directamente relacionada con la economía sumergida en la que, según estimaciones del sector, pueden estar inmersos unos 125.000 propietarios de viviendas que se ofrecen de alquiler en algún momento del año, sobre todo en verano, sin contrato. Unas 500.000 plazas que, además, se publicitan en portales online y redes sociales sin ningún tipo de control de la Administración, según denuncia la patronal turística de la Costa Blanca.
