Un empleado del empresario Enrique Ortiz asumió ayer toda la responsabilidad por el revólver hallado por la Policía en la sede del Grupo Cívica durante los registros realizados en 2010 cuando estalló el llamado caso Brugal. El promotor y otros tres directivos de la empresa se sentaron ayer en el banquillo en un juzgado de lo Penal de Alicante acusados de un delito de tenencia ilícita de armas, por el que la Fiscalía mantuvo la petición de un año y medio de cárcel para cada uno de ellos. Se trata de la primera pieza separada de la macroinvestigación de corrupción que ha llevado a Ortiz a juicio. El empresario declaró que odiaba las armas y que desconocía que se guardaba una en la caja fuerte de su empresa, que además nunca utilizaba.
Los hechos se remontan al 6 de julio de 2010, cuando en el marco de los registros de la operación Brugal, la Policía encontró un revólver Smith & Wenson en el interior de la caja fuerte de las oficinas de Cívica en la Avenida de Alfonso el Sabio, un arma que no estaba legalmente registrada y para la que se necesita un permiso especial del que los acusados carecían.
Uno de los trabajadores de Ortiz, Vicente Ferrándiz, volvió a asumir ayer ante el juez ser el propietario del arma. «Fue un regalo familiar que guardé al fondo de la caja, para no tenerlo en casa, y después me olvidé completamente de él», señaló. Según declaró, fue socio de la Federación de Tiro Olímpico desde 1974 hasta 2009, con lo que explicó su afición a las armas.
En el año 2003, fue trasladado a Benidorm y en 2006 al Hércules, por lo que alegó que dejó de tener contacto con la caja fuerte, que abría normalmente la secretaria de Ortiz a la que había que pedirle la llave. Según su versión, en el año 2003 dio de baja las armas para las que tenía licencia y se olvidó completamente del revólver, sin haber comunicado a nadie, insistió, su existencia. Ferrándiz declaró ayer que está jubilado y no tiene ninguna dependencia económica de Ortiz. También rechazó a preguntas de la Fiscalía que estuviera tratando de exculpar a los otros acusados. El revólver, con munición, estaba envuelto en una gamuza, que a su vez se encontraba dentro de un sobre.
Por su parte, Enrique Ortiz, que fue el segundo en declarar, negó tener acceso a la caja fuerte de su empresa y dijo que se enteró por primera vez de la existencia del revólver cuando la Policía la puso encima de la mesa durante el registro. Según explicó, para guardar sus documentos solía utilizar dos cajas fuertes que se encontraban en su vivienda particular y que también fueron abiertas por la Policía ese mismo día. El empresario aseguró que odia las armas. «No he tirado ningún perdigón ni en la feria», recalcó Ortiz, que insistió en que no permite ni a los agentes de seguridad privada de su casa portar armas.
Los otros dos acusados, Miguel Carratalá y Luis Perea, declararon que usaban la caja fuerte más a menudo y que nunca supieron que allí se guardaba una pistola. Ambos recalcaron que jamás metieron o sacaron nada de su interior a petición de Ortiz, a quien ni siquiera vieron en el cuarto donde estaba la caja. La Fiscalía, por su parte, considera que todos los acusados eran conocedores del arma y que Ferrándiz se está autoinculpando para exculpar a todos los demás. Para el fiscal es significativo que Enrique Ortiz dijera desde el primer momento a los agentes que practicaron el registro que el propietario era Ferrándiz, pese a que hacía siete años que ya no estaba en la empresa.
Las defensas pidieron la libre absolución de los acusados y plantearon que el fiscal no había probado en ningún momento que supieran que allí se encontraba una pistola. En el caso de Ferrándiz, el abogado Alejandro Bas dijo que el delito del que se le acusaba estaba prescrito, ya que el procesado no volvió a tener acceso al arma desde que dejó la empresa, un requisito necesario para imputarle este delito.
Sin informes de huellas
Por su parte, el abogado Francisco Ruiz Marco, que representaba al resto de los imputados, sostuvo que la Fiscalía no sólo había probado nada, sino que cuestionó algunas de las diligencias. Entre otras cosas, criticó que no se hubiera solicitado un informe de huellas en el arma, ni en el sobre que la contenía, mientras que sí que se solicitó en los planos urbanísticos hallados en los registros de ese mismo día. También cuestionó el vídeo aportado por la Policía durante el registro, al considerar que fue editado antes de enviarse al juzgado de Instrucción, extremo que negó el jefe de la brigada policial que grabó las imágenes.
