Sindicatos del sector docente y asociaciones de madres y padres de alumnos han expresado su rechazo a la puesta en marcha de los dos primeros Centros de Iniciativa Social (CIS) y han criticado que la Conselleria de Educación "ceda terreno para construir centros privados mientras cierra aulas públicas".

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este viernes el pliego para la concesión de los primeros dos CIS --colegios para cuya construcción se utilizará suelo público cedido por la Generalitat durante 75 años a entidades privadas--, que estarán ubicados en las localidades alicantinas de Elx y Calp.

Al respecto, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) "demuestra que el argumento de bajada de natalidad" que utiliza la Conselleria para justificar la supresión de aulas en la escuela pública es "solo una excusa porque si no hay niños, no hay niños para nadie".

El portavoz de STEPV, Marc Candela, ha agregado, en declaraciones a Europa Press, que la oferta de los CIS "corrobora el interés de la Conselleria de Educación de impulsar la red concertada en detrimento de la pública dejándola caer con los recortes", al tiempo que ha advertido de que ests sindicato "hará todo lo posible (incluyendo recursos) para poner freno a estas agresiones".

Asimismo, la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya ha apostado por "descartar proyectos de r regalar suelo público a la patronal de la enseñanza y a los sectores confesionales" y, por ello, la Federación de AMPA Enric Valor de Alicante ha anunciado que tramitará la próxima semana un recursos contra los centros de iniciativa social.

La federación alicantina toma como ejemplo, explica, la acción que Fapa Valencia, que ha recurrido el CIS de Patraix y que cuenta con el apoyo de 16 entidades de diferentes ámbitos. "Cierran unidades de colegios públicos y crean nuevos centros de gestión privada", lamenta este colectivo de padres.

En términos similares, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) ha calificado de "insensatez e irresponsabilidad la apuesta decidida del Consell del 'president' Alberto Fabra y de su alumna más aplicada, la consellera de Educación, María José Català, por la cesión de suelo público para destinarlo a la construcción de centros educativos privados, de gestión privada, que a continuación se conciertan".

"Con estas acciones, la Generalitat valenciana ataca frontalmente, de forma decidida y deliberada, a la escuela pública y al propio sistema educativo valenciano, con fractura y quiebra importante del modelo educativo previsto en nuestra Constitución, que señala el carácter medular y central de la escuela pública en el sistema educativo", argumenta esta entidad.

También la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha criticado la decisión que, a su parecer, "contrasta con el cálculo de alrededor de 90.000 plazas que sobrarán en la red de centros públicos y concertados valencianos el próximo curso por el incremento de ratio de alumnos por aula". "Este hecho --advierte-- puede acarrear el cierre de aularios públicos".

Rebajar la ratio

CSI·F señala que la primera medida que tendría que acometer la Conselleria de Educación debería de consistir en rebajar la actual ratio de hasta 30 alumnos por aula en Infantil y Primaria, ya que "esta masificación de estudiantes impide que el personal docente pueda trabajar en las condiciones mínimas necesarias y que los alumnos reciban la atención imprescindible para adquirir los conocimientos correspondientes a ese nivel y ocasiona la pérdida de cientos de puestos de trabajo por la supresión de aulas en colegios".

La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) opina que "en ninguno de los casos, Elx o Calpe, está justificada la construcción de nuevos centros".

"La caída de la natalidad, y sobre todo el aumento de la ratio condujo este curso a un arreglo escolar muy negativo para la escuela pública con la consecuencia de supresión de unidades en colegios por todo el País Valenciano; por lo tanto, el impulso ahora de los CIS deja a las claras la voluntad real de la Conselleria: suprimir escuelas públicas para construir escuelas de gestión privada", sentencia este sindicato.