Hasta 2017 los municipios de la provincia, entre ellos la capital, serán objeto de una regularización catastral con la que el Gobierno pretende hacer aflorar todos los inmuebles cuyos propietarios no tributan por ellos o lo hacen de forma incorrecta. Por el momento, el proceso ya ha comenzado en Benidorm, Calpe, Dénia, Pilar de la Horadada y otra decena de municipios de la provincia.
¿En qué consiste esa regularización catastral?
Empresas homologadas realizarán una inspección para detectar todas aquellas construcciones que no están registradas en el catastro y, por tanto, los propietarios no pagan el correspondiente Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En esos casos, los ciudadanos tendrán que pagar una tasa de 60 euros y su vivienda o construcción quedará incluida en catastro, sin el pago de la multa.
¿Se puede considerar una amnistía?
Es cierto que anteriormente la multa podría alcanzar los 6.000 euros, pero no creo que se trate de una amnistía. Además de pagar esa tasa, deben comenzar a tributar y a pagar el IBI correspondiente de la edificación dada de alta e, incluso, se les podría exigir que pagasen el importe de hasta cuatro años atrás. Además, el que una edificación esté dada de alta en el catastro no significa que sea legal, porque podría ser objeto de una infracción urbanística.
Entonces, ¿podría ir aparejada a una multa urbanística?
Esa ya es una cuestión que queda en manos de los ayuntamientos.
¿Qué municipios serán sometidos a este procedimiento?
Todos, pero en diferentes tandas. El Boletín Oficial del Estado ya ha comenzado a publicar algunos municipios de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante en los que se ha iniciado el procedimiento. Probablemente, en los meses de octubre o noviembre comiencen a llegar los escritos a los ciudadanos que tienen alguna construcción sin registrar.
¿Qué debe hacer entonces el ciudadano?
Tiene 15 días para alegar si no está de acuerdo. Si lo está, recibirá indicaciones para abonar la tasa de 60 euros y, a partir de ese momento, comenzarán a llegarle los recibos con el IBI correspondiente por la edificación que se ha dado de alta.
¿Qué casos podrían ser objeto de esta regularización?
Por ejemplo, el de una casita de aperos ampliada a vivienda en zonas rústicas, piscinas o barbacoas que no están declaradas.
¿Hay alguna estimación de cuántas edificaciones sin declarar pueden aflorar?
Hay algunos estudios, como uno de Greenpeace, que habla de unas 50.000 en la Comunidad Valenciana, pero es difícil saber la cifra exacta por el momento.
¿A quién beneficia esta medida del Gobierno?
A los ciudadanos porque evita agravios comparativos entre quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y quienes no lo hacen, pero también a los ayuntamientos, teniendo en cuenta que el IBI es a día de hoy su principal vía de ingresos. Es una forma de recaudar, pero también de que no haya agravios.
¿Cree que esa necesidad de liquidez de las administraciones es lo que ha provocado que la regularización catastral se lleve a cabo en estos momentos?
Sí. Creo que se ha hecho por eso. Anteriormente había mecanismos de inspección, pero el catastro no tiene medios suficientes para ello.
¿Y cómo lo hará ahora?
Con lo que recauda con la tasa de 60 euros pretende pagar a las empresas homologadas para que realicen la inspección.
