Frenazo y marcha atrás, pero una década después. El Consell ha decidido eliminar de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) la controvertida prueba de control de ruido para todos los vehículos que impuso en 2004, al margen de la normativa estatal, y que ha encarecido la ITV en la última década para todos los turismos matriculados en la Comunitat Valenciana.

Este examen de sonoridad obligatorio, que empezó costando 8 euros y luego subió a 9,3 euros, sólo se aplicaba en las estaciones concesionarias de ITV valencianas. Cuando se apruebe el nuevo reglamento según señala el Proyecto para el control del ruido producido por los vehículos a motor de la Conselleria de Medio Ambiente la comprobación de los niveles de emisión sonora sólo será obligatoria cuando la normativa estatal lo exija. En la actualidad, ciclomotores y motocicletas.

Durante los diez años que lleva vigente la prueba de sonometría, los conductores valencianos han pagado unos 150 millones de euros por este concepto, según calcula el diputado de Compromís Fran Ferri, «satisfecho» con la modificación de la normativa. «Lo que ha habido detrás de la instauración de la prueba de sonometría ha sido la intención del Consell de beneficiar al máximo a las concesionarias de las ITV, que son empresas próximas al PP», denuncia Ferri.

Desde hace un mes y medio, con la rebaja del 17 % en el precio de la ITV impulsado por la Generalitat, el precio de la prueba de sonometría había descendido hasta los 2,48 euros. Pero hasta ahora, quien haya estado pasando la ITV en la Comunitat Valenciana en la última década ha abonado una cantidad que puede oscilar entre los 35 euros, para quien se compró el coche aquel 2004 y sólo ha pasado la ITV cuatro veces, y los 70 euros, para quien compró un turismo en el año 2000 y ha pasado ya ocho veces la inspección obligatoria.

Sólo el 0,5 % no la pasaba

Fuentes conocedoras del sector de las ITV resaltaron ayer la «inutilidad» de la prueba ahora suprimida. «No servía de nada. Sólo el 0,5 % de los vehículos no la han superado», subrayan. Entre otras cosas, porque ya se revisaba el silenciador del tubo de escape en la inspección mecánica general. Y porque sólo atañía a los vehículos matriculados en el territorio valenciano, aunque los demás también circulasen por las poblaciones de la Comunitat Valenciana y quedaran exentos de la prueba. Más allá de los 2,48 euros que ahora no se pagarán, los consultados lamentan el desembolso ocasionado en estos diez años. «A ver si nos devuelven el dinero cobrado de forma irregular, como con las eléctricas», ironiza esta fuente del sector.