El informe de la Dirección General de Comercio de la Generalitat dando su visto bueno a la tramitación del proyecto de Ikea y de su macrocentro comercial anexo como Actuación Territorial Estratégica ha encendido al pequeño y mediano comercio de la ciudad, que exige una rectificación a la administración autonómica al entender que la superficie comercial de 130.000 metros cuadrados que se prevé junto a la multinacional sueca dará la puntilla al sector. Desde el Colectivo de Comerciantes por Alicante insisten en su postura: Sí a Ikea, pero no al macrocentro comercial que lleva aparejado.

Así lo han trasladado en una carta a la directora general de Comercio, Silvia Ordiñaga, en la que muestran su «desacuerdo» y «malestar» por «la situación de olvido permanente que está sufriendo el sector del comercio por parte de las administraciones local y autonómica». Aunque en su informe, la conselleria considera que el proyecto que promueve Alicante Avanza -participada por el empresario Enrique Ortiz- se ajusta a los parámetros de una actuación estratégica, por la generación de empleo y su impacto supramunicipal, los comerciantes rebaten todos los argumentos y piden al Consell que se exija al promotor la supresión del área comercial anexa a Ikea.

El presidente del colectivo de comerciantes, Domingo Martínez, recuerda que el macrocentro comercial que se proyecta junto a Ikea «triplica la superficie comercial de cualquiera de los existentes en la provincia, sin que haya una demanda real del mismo». Al respecto, considera que conlleva «el beneficio de un solo promotor» y añade que, si finalmente se aprueba el proyecto, quedaría en evidencia la falta de respaldo de la administración autonómica al pequeño comercio.

Además, los comerciantes inciden en que «la priorización del promotor en la construcción del centro comercial» podría suponer «una ruptura sin precedentes dentro del sector, que lleva más de cinco años de descenso de ventas» y añaden que un centro comercial de esas características provocaría «inasumibles consecuencias dentro del entramado comercial de la provincia». El colectivo sostiene que los efectos supramunicipales que tendría la actuación serían «perniciosos» porque «no sólo provocaría un mero desplazamiento de puestos de trabajo del sector del comercio de las poblaciones limítrofes», sobre todo de Alicante y San Vicente. Al respecto, esgrimen que provocaría la pérdida de «entre un 10% y un 15% de empleos que actualmente genera el comercio urbano».

Desde el colectivo argumentan que «no existe una demanda real de un nuevo centro comercial» y añaden que lo que se plantea es «más de lo mismo» por tratarse de un modelo similar al del resto de centros comerciales: «Es lo mismo que tenemos pero más grande», subrayan.

Domingo Martínez también rechaza que la actuación lleve aparejada una mejora de la cualificación porque este tipo de centros comerciales «más bien se aprovechan de la formación de los trabajadores que sí crea el comercio urbano con el traspaso de empleos y no son referencia de un comercio estable, dinamizador y atractivo». Tampoco creen los comerciantes que el proyecto sea compatible con la movilidad sostenible, puesto que «al estar ubicado en el extrarradio un 98% de los usuarios irá en vehículo privado», con los consiguientes «colapsos de tráfico».