La Conselleria de Bienestar Social seguirá rebajando de oficio el grado de discapacidad para fijar las prestaciones por dependencia cuando lo estime oportuno, a pesar de las dos recientes sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, a tenor de la respuesta ofrecida ayer al respecto por el gabinete de comunicación del departamento. Desde la Conselleria se limitaron a decir que «no entramos a valorar casos particulares» para referirse a las dos sentencias en las que el tribunal ha anulado la rebaja del nivel de discapacidad aplicado de manera unilateral por la administración autonómica, al considerar que se actuó «sin justificación» y «sin pruebas». Ante esto, el departamento da a entender que no tiene previsto modificar su política, aun cuando los propios magistrados «no entienden» esta decisión, tal y como revelan ambos fallos.
La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ ha estimado los recursos presentados por las familias de dos personas dependientes de El Campello y La Vila Joiosa, que habían visto cómo su nivel de discapacidad era rebajado sin previo aviso -ni, por tanto, sin que mediara revisión o valoración médica alguna- y, en consecuencia, se les pasaba a un grado más bajo de dependencia y se reducía la prestación económica que percibían por ello. Ambas sentencias sostienen que la actuación de la Conselleria de Bienestar social es «contraria a derecho» y la obligan a reintegrar todo el dinero que estas personas habían dejado de percibir desde que se les bajó el nivel de minusvalía. Los dos fallos son firmes, y en ellos se impone además a la Generalitat el pago de las costas del proceso.
Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia no tenían hasta ayer conocimiento de estas sentencias, emitidas por el TSJ el pasado 30 de enero. No obstante, se felicitaron de forma notable por ellas, al considerar que pueden sentar un precedente para otros casos. El portavoz del colectivo, Miquel Martorell, recordó que «ya hemos denunciado varias veces que no se entiende» la actitud de la Conselleria, ya que «cuando una persona tiene una gran dependencia, lo normal es que empeore». Por ello, reiteró, resulta «incomprensible» que «se rebaje el grado de discapacidad sin avisar», sobre todo teniendo en cuenta que «en muchos casos se trata de personas mayores, cuya salud se va deteriorando» de manera progresiva.
En su opinión, estas sentencias «demuestran que la Generalitat ha paralizado la Ley de Dependencia, y que lleva a cabo una política miserable». Martorell tachó también de «ruin» a la Conselleria de Bienestar Social, ya que «comete una crueldad sólo por ahorrar dinero». A algunas personas, incidió, «incluso se las expulsa del sistema de prestaciones, al calificarlas como dependientes moderadas». Según dijo, la falta de presupuesto que aducen desde el Consell «es sólo una excusa para no atender a la gente». Asimismo, instó a las familias a seguir denunciando los casos.
Mientras tanto, la diputada autonómica de EU Esther López anunció que volverá a pedir una comisión de investigación en las Cortes «para que se depuren todas las responsabilidades políticas que hay detrás» de los hechos a los que se refieren estos dos fallos del TSJ, que calificó como «absolutamente rechazables».
En su opinión, resulta «auténticamente dramático que la justicia tenga que determinar que se han realizado rebajas injustificadas en los grados de dependencia y discapacidad». La parlamentaria añadió que estas sentencias «por fin demuestran que esta denuncia no es ningún tipo de agitación o propaganda por parte de la oposición y de los colectivos de dependientes y discapacitados», sino que se trata de «un clamor» en la sociedad.
