El estallido de la burbuja inmobiliaria ha tenido su reflejo en un aumento de las rehabilitaciones de edificios, como constatan los datos que se manejan desde la Concejalía de Urbanismo, que ha comprobado como en los últimos siete años se han disparado las peticiones de propietarios para reparar de forma integral o parcial sus viviendas. Según los datos proporcionados por el área municipal, mientras en 2007 se recibieron 101 peticiones de permisos para restaurar edificios en la ciudad, durante el año pasado se registraron 708.
Reparaciones de fachadas, actuaciones puntuales para garantizar la seguridad de los elementos externos del edificio, redistribuciones de los espacios interiores o la sustitución de instalaciones eléctricas o de saneamiento son las principales demandas por parte de los propietarios de los inmuebles. Fuentes de Urbanismo apuntan que ante las dificultades para comprar una vivienda nueva dada la actual situación económica y las restricciones en los créditos bancarios han provocado un cambio de tendencia: «Antes, se demolían edificios y se construían otros nuevos. Ahora, la gente no se puede comprar una vivienda nueva ni tienen visos de hacerlo en los próximos años, por lo que se decantan por arreglar la que tienen», aseguran.
Las mismas fuentes explican que la tendencia se ha acentuado sobre todo en los años 2012 y 2013. Subrayan que en ello han influido los cambios normativos, con mayores facilidades para obtener licencia, una redistribución más equitativa de las tasas urbanísticas y la entrada en vigor de nuevas leyes. Entre ellas, destacan la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que reduce el proceso al establecer que no es necesario el acuerdo de las juntas de propietarios para acometer aquellas obras que resulten necesarias para el mantenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes. Tampoco cuando las obras vengan impuestas por la administración para garantizar el deber de conservación de los edificios.
Requerimientos
Sólo en lo que va de año, el Ayuntamiento de Alicante ha requerido a 86 propietarios de inmuebles en mal estado que acometan algún arreglo en sus viviendas bajo amenaza de multa económica.
Según afirma la concejala de Conservación de Inmuebles, Oti García-Pertusa, se trata de una cifra superior a la registrada durante el año pasado. Algo que se atribuye al envejecimiento del parque inmobiliario en muchos barrios de la ciudad, que experimentaron un importante crecimiento en los años 60 y que ahora superan ya el medio siglo de vida.
«Se trata de edificios con más de 50 años y que tienen obligación de pasar una Inspección Técnica», recuerda la edil. En estos momentos, desde el área que ella gestiona trabajan en la redacción de una ordenanza que permita regular todos estos aspectos y que facilite a los propietarios el trámite de esta inspección. En ella está pendiente de determinar cómo se regulará la figura del agente rehabilitador que se plantea en la nueva ley urbanística.
