Hasta dentro de un par de años no podrá celebrarse en Alicante la vista oral contra el exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales y uno de cohecho. Un proceso instruido por completo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad dada la condición de aforado del hasta ayer diputado autonómico y que podría haberse juzgado este mismo mes de no haber renunciado a su escaño en las Cortes, y siempre y cuando el TSJ no se acabe declarando competente para enjuiciar los contratos de la Generalitat en Fitur a la trama Gürtel, lo que tendría bloqueada a la sala los próximos seis meses.

Al margen de cuestiones de salud, la renuncia al escaño de su excompañera Milagrosa Martínez (lo que, en principio, aboca a la salida del TSJ de la pieza de Gürtel en la que está acusada liberando de trabajo a la sala de lo Civil y Penal, a la que hubiera correspondido juzgar a Alperi) ha pesado en el ánimo del político popular que, con su marcha de la Cortes, pierde su condición de aforado. Aunque no existe regulación al respecto y opiniones hay tantas como juristas, de lo que en este caso no parecer haber duda es de que la renuncia del exalcalde, con la causa instruida por completo y a falta tan sólo de los flecos finales, será enviada a Alicante para su enjuiciamiento en un juzgado de lo Penal. Una jurisdicción en la que los señalamientos arrastran una lista de espera próxima a los dos años.

La salida de la causa del TSJ arrastra también hasta un juzgado del Palacio de Justicia de Benalúa a los demás imputados: el constructor, expresidente del Alicante y amigo de Alperi Antonio Solana, Antonio Moreno, administrador de una sociedad radicada en Madrid, y el también amigo del exacalde y responsable de la Marina Deportiva de Alicante, Javier Palacio. El fiscal pide para Alperi nueve años de cárcel por tres delitos fiscales tras detectar Hacienda un fraude de cerca de 700.000 euros correspondiente al impago de las cuotas de IRPF de tres ejercicios, además de nueve meses por un delito de cohecho por el amarre de su catamarán sin pagar nada. El juez fijó una fianza de 2,3 millones para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que podrían derivarse de este proceso.