Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante, puso ayer punto y final a una dilatada carrera política de tres décadas con la renuncia a su escaño de las Cortes Valencianas, el último cargo político que conservaba. «No tengo cara para seguir cobrando sin trabajar. Me siento mal», se justificó Alperi en unas declaraciones a la cadena Cope después del registro de su dimisión en el hemiciclo autonómico por «motivos personales y de salud» y de informar por teléfono a primera hora de la mañana al síndic del PP, Jorge Bellver.

Más allá de la enfermedad, sin embargo, la decisión del exprimer edil abre una nueva etapa en la investigación del supuesto amaño del planeamiento urbanísitico de Alicante a favor del constructor Enrique OrtizEnrique Ortiz, sumario en el que Alperi y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, están imputados por tres graves delitos. Consumada la marcha de Alperi, acto seguido, Castedo también renunciará «en unos días» a su escaño en las Cortes, confirmaron fuentes municipales, de la cúpula del PP y judiciales. Ya no habrá aforados en la causa y, por tanto, la investigación sobre el presunto amaño del PGOU volverá a Alicante.

El exprimer edil llevaba meses meditando su marcha del escaño. Acumulaba semanas sin acudir a las Cortes y la última vez que participó en una sesión plenaria, de hecho, tuvo que recibir atención médica. Hace un tiempo ya amagó con marcharse ante la presión de la cúpula del PP. Entonces su equipo de abogados se lo desaconsejó. Ahora, por contra, a los problemas de salud sí se ha sumado que su defensa le ha dado vía libre -el caso del PGOU volverá Alicante y ganará un margen de hasta dos años en otro procedimiento en el que se le acusa de delito fiscal y cohecho, que estaba a punto para fijar la fecha de juicio- y que Alperi, como gota que ha colmado el vaso, no se encontraba con fuerzas para seguir su actividad parlamentaria por videoconferencia, la fórmula que ha encontrado el PP para «amarrar» su mayoría absoluta ante la acumulación de bajas de su bancada.

La marcha de Alperi no cogió por sorpresa a los máximos responsables del PP. El exprimer edil había mantenido en los últimos días contactos con el vicepresidente de la Generalitat y líder de los populares alicantinos, José Císcar, para valorar la situación. Alberto Fabra también estaba al corriente. A primera hora, informó a Bellver por teléfono y el escrito, protocolizado ante notario, entró en el registro con fecha del martes 8 de abril.

Desde que arrancó la investigación de la pieza de la operación Brugal que analiza el supuesto amaño del PGOU de Alicante, todos los indicadores siempre apuntaban a que la marcha de Alperi acabaría abriendo las puertas de Castedo para que la pieza volviera a Alicante, una operación con cierto riesgo que, a ciencia cierta, nadie sabe si acelerará o frenará el proceso judicial, un dato clave para el futuro de Castedo como candidata en el PP una vez que Fabra ya ha anunciado que excluirá a los imputados de las listas para los comicios locales de 2015.

El guión que llevaba meses escrito se cumplirá. La alcaldesa de Alicante -como confirmaron fuentes de la cúpula del PP, municipales y judiciales- también dejará en el plazo «de unos días» el escaño que mantenía en las Cortes, hemiciclo en el que había reducido a la mínima expresión su actividad desde que en 2012 la primera edil anunciara su intención de ralentizar su vida parlamentaria para dedicarse en exclusiva a la alcaldía. Lo único que falta por poner encima de la mesa es la fecha de la renuncia.

La propia Sonia Castedo, en declaraciones a los medios, se remitió a hace diez meses cuando ya se mostró dispuesta a dejar el acta y admitió que la pieza volverá a Alicante, signo de su inminente renuncia. «Lo haré cuándo considere que lo tengo que hacer», subrayó sin desmentir su marcha. «Lo dije porque siempre se ha publicado que el aforamiento es un privilegio y yo no quería privilegios, pero de nada servía que yo me desaforara cuando dentro de la causa había otra persona aforada (en referencia a Alperi)», destacó para remachar: «Pienso lo mismo con más razones todavía por mi situación personal, que también me influye a la hora de tomar una decisión u otra». Ahora Díaz Alperi, con el que la alcaldesa no había hablado ayer, ya no está en las Cortes con lo que Castedo tiene vía libre para acabar tomando ese camino que ya había marcado.

De hecho, tras enmarcar la renuncia de Alperi en el plano «personal» y en sus «problemas de salud», la alcaldesa dio por hecha la devolución de la causa del PGOU a Alicante con lo que, de forma implícita, confirmó esa renuncia. «¿Me beneficiaría? Sería lo mismo, porque tan jueces hay aquí como en el TSJ». Y añadió: «Lo que me tenía que perjudicar ya me ha perjudicado y pase lo que pase al final el perjuicio ya está hecho. Tanta objetividad se les presupone a unos como a otros». «Prefiero, por mi situación personal, estar aquí en Alicante y que nadie pueda pensar que el aforamiento se usa como un privilegio», admitió para, a continuación, dejar en el aire si, finalmente, el proceso se acelerará fuera del TSJ. «No voy a volver a pedir agilidad ni nada más. Que todo se desarrolle como tenga que ser», añadió la primera edil.

La decisión de Alperi y la certeza de que Castedo seguirá el mismo camino, de alguna manera, fueron acogidas con alivio dentro de la estrategia del titular del Consell para «limpiar» las Cortes de imputados en un intento de remontar los malos resultados que vaticinan las encuestas. La marcha de Díaz Alperi, en todo caso, apenas afectó a los populares. Se daba por descontada y su futuro político amortizado. Especialmente en Alicante, sin embargo, inquieta el calendario judicial que le aguarda al nuevo periplo del caso del PGOU, que volverá a instruir en la capital el magistrado Manrique Tejada. De ello depende, conforme a la «línea roja» de Fabra, la candidatura municipal de Castedo y cargos del PP dudan de que llegue a tiempo. La Justicia, ahora en Alicante, decidirá.