09 de abril de 2014
09.04.2014

Entidades sociales detectan 37 casos de niños inmigrantes no atendidos en centros sanitarios

Cáritas, los médicos de familia y Médicos del Mundo denuncian que los recortes en salud contradicen la legislación estatal

09.04.2014 | 00:16
Entidades sociales detectan 37 casos de niños inmigrantes no atendidos en centros sanitarios

Las entidades sociales que forman el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud) han detectado en un año 37 casos de niños y adolescentes que no han sido atendidos en centros sanitarios públicos, tal y como recoge el último de sus informes. La plataforma denuncia que esta situación va en contra de lo dispuesto en la propia normativa que restringe el acceso a la asistencia sanitaria, ya que en ella se dice expresamente que los menores de 18 años serán en cualquier caso atendidos en el sistema público.

Los citados casos de menores a los que, según Odusalud, se negó la asistencia sanitaria se produjeron en toda la Comunidad Valenciana a lo largo de 2013. El colectivo recogió durante este periodo un total de 429 incidencias, 147 de ellas en la provincia de Alicante, en su mayoría de personas que han quedado fuera de la cobertura sanitaria gratuita a consecuencia de la reforma aprobada por el Gobierno en 2012. No obstante, sus portavoces alertan de que cada vez aparecen también más casos de personas cuyo problema es que no pueden costear los medicamentos que les han prescrito.

Representantes de Médicos del Mundo, Cáritas y la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, las tres entidades que impulsaron la creación de Odusalud, intervinieron en la mesa redonda celebrada en el Club INFORMACIÓN para debatir en torno a esta controversia y exponer los argumentos de la plataforma. A ella se han adherido ya 63 colectivos ciudadanos y profesionales de toda la Comunidad, unidos en la consideración de que «el argumento económico de los recortes aún está por demostrar» y que «la sanidad la financiamos todos por la vía fiscal general, por lo que debemos acceder a ella todos».

Los participantes, moderados por el catedrático de Salud Pública Ildefonso Hernández, calificaron de «parche» el programa aprobado en la Comunidad para que algunas personas que cumplan determinados requisitos sí puedan recibir asistencia. Además, criticaron que el Gobierno contradice su propia normativa, en concreto la Ley General de Salud Pública aprobada en 2011, ya que ese texto «pone el principio de equidad y establece que las administraciones públicas están obligadas a reducir las desigualdades sociales».

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