Hasta una cuarta parte del personal docente e investigador perderá la Universidad de Alicante en los próximos diez años si el Gobierno no modifica la «tasa de reposición del personal», que reduce la sustitución de las jubilaciones significativamente.

En cumplimiento de dicha tasa la UA sólo podrá cubrir este año con nuevos contratos dos de las 28 jubilaciones previstas, tal y como explicó ayer el rector, Manuel Palomar, ante el Consejo de Gobierno del campus alicantino.

Para tratar de revertir esta situación, la Conferencia de Rectores (CRUE) que agrupa a la totalidad de los responsables universitarios ha solicitado una entrevista con la vicepresidenta del Gobierno «para solicitar que la tasa de reposición se vincule a los gastos de personal previstos por cada universidad». También, y para hacer presión al respecto, la CRUE plantea una serie de acciones a las que la UA se unirá y que arrancarán con la firma de un manifiesto conjunto.

Más decretos

También está prevista la aprobación de dos nuevos decretos sobre el acceso a las universidades por un lado y la convalidación de títulos y estudios extranjeros. Según Palomar, los rectores han detectado «errores de forma y contenido» en las tablas de equivalencias de los estudios analizados, además de «omisiones que podrían generar incongruencias para el ejercicio profesional» en el extranjero. Estos extremos también quieren hacerlos llegar al Gobierno, puesto que en lo que se refiere al acceso «la LOMCE contempla una desigual aplicación para estudiantes de Formación Profesional o extranjeros, lo que provocará desigualdades».

Palomar no olvidó ayer referirse, en su informe ante el Consejo de Gobierno, a la deuda acumulada por la Generalitat, y aseguró que se ha creado una comisión mixta con miembros de las universidades y de las consellerias de Educación y de Hacienda para «abordar la devolución de parte de la deuda». Según el rector se han fijado el objetivo de conseguir a partir del segundo semestre de este año «la devolución del 50% de la deuda más reciente», los dos meses de retraso acumulados.