Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante están que arden con las últimas restricciones informativas impuestas por el equipo de gobierno local del PP y tanto el PSOE como EU aseguran que recurrirán al juzgado al entender que se vulneran derechos fundamentales. La guinda es la circular recibida ayer y que firma la alcaldesa, Sonia Castedo, quien amparándose ahora en la ley de Protección de Datos de 1999 confirma que modificará el histórico sistema de acceso al registro en el que se extractan todos los documentos que entran y salen del Ayuntamiento. Durante las últimas dos décadas los grupos de la oposición venían recibiendo una copia diaria de estos registros, pero ahora los concejales sólo podrán acceder a ellos si van in situ a las oficinas donde se gestionan y no podrán obtener copia alguna de los mismos. Algo que, según incide la oposición, dificulta su labor de fiscalización.
La circular remitida por Castedo, rubricada también por el secretario del pleno y el responsable de seguridad de los ficheros, da un toque de atención a «autoridades, funcionarios o empleados municipales que pudieran tener acceso a datos protegidos» a quienes recuerda «la prohibición de trasladar o ceder los datos a personas no autorizadas o terceros y el deber de sigilo y discreción sobre los asuntos que conozcan por su cargo». Aunque en los registros como el de Urbanismo ya se venían ocultando los datos personales en casos de denuncias, la regidora se ampara en el derecho a la intimidad para denegar copias de los mismos a los concejales y advertirles de que «los datos que obtengan del examen de los listados» que hagan in situ en las oficinas «sólo podrán usarse en el ámbito de sus competencias» e incide en que «sin que sea posible que los concejales den ningún tipo de publicidad a los datos ni los cedan a ningún tercero».
Los grupos de la oposición (PSOE, EU y UPyD) presentarán una iniciativa de protesta en bloque durante el próximo pleno, pues consideran que la medida supone un veto que ellos y los medios de comunicación, «fiscalicen la gestión del equipo de gobierno». Así lo asegura el portavoz del PSOE, Miguel Ul, quien ve «desproporcionada e injusta la medida» y la califica de «ley mordaza». Además, denuncia que «a lo largo de esta semana se nos ha estado bloqueando el acceso a todos los documentos que hemos solicitado con la excusa de que las peticiones eran muy genéricas». Según Ull, «resulta curioso que los tribunales investiguen porque un determinado promotor conocía el Plan General de Alicante antes de tiempo y que ahora la alcaldesa se escude en la necesidad de adoptar medidas de seguridad para que determinada información no llegue a la prensa».
«Circular mordaza»
El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, coincide al calificar de «abusiva e ilegal» la medida y el documento remitido por Castedo, que calificó de «circular mordaza». Según Pavón, «Castedo confunde la protección de datos de carácter personal con la censura. Este último, tachó de «irónico» que ayer mismo, el PP diera a conocer que creará un portal web de «transparencia municipal».
