13 de febrero de 2014
13.02.2014
Mesa redonda organizada por Casa Mediterráneo

El Tajo-Segura aporta en plena crisis 2.364 millones al PIB

La UA alerta de que el trasvase es una cuestión de Estado tras revelar los datos de un informe de Pricewaterhouse

13.02.2014 | 00:02
Mesa redonda sobre recursos hídricos en Casa Mediterráneo
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El Tajo-Segura aporta en plena crisis 2.364 millones al PIB

La industria agroalimentaria vinculada al agua del trasvase Tajo-Segura aporta en su conjunto 2.364 millones de euros al año al PIB nacional y sostiene cien mil empleos. Algo que convierte la infraestructura en una cuestión de Estado, más allá de la importancia directa que tiene la transferencia de agua para Alicante y Murcia. El dato, «caliente», extraído de un reciente informe de la consultora PricewaterhouseCoopers, y la posterior reflexión de los ponentes, resumen las conclusiones de la mesa redonda sobre el trasvase que organizó ayer Casa del Mediterráneo en el Museo del Agua de Alicante, y que contó como ponentes con los profesores Joaquín Melgarejo y Andrés Molina, que forman parte del grupo de expertos de la Universidad de Alicante que mejor conocen la realidad de un proyecto que costó 1.800 millones de euros y que, entre otras cosas, ha evitado que «Alicante sea hoy un desierto», según Melgarejo.

El coloquio, organizado por Casa del Mediterráneo en colaboración con Aguas de Alicante, fue seguido con atención por un público entre el que destacó la presencia de José María Claver, presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, que volvió a celebrar la situación actual del trasvase, ya sin «cláusula Narbona que le amenace» y en un escenario mucho más optimista que el que se vivió hace unos años con la amenaza del cierre en 2015.

El agua del Tajo es vital para el 62% de la agricultura de regadío de Alicante, un sector que factura 330 millones de euros al año y da a empleo a 110.000 personas en la cuenca del Segura, de las que 51.325 residen en la provincia. El valor bruto del regadío en la zona abastecida se cifra en 1.700 millones de euros. A esta cifra hay que sumar que la industria agroalimentaria vinculada al agua del trasvase aporta 2.400 millones de euros al PIB nacional.

El profesor Joaquín Melgarejo, titular del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA, subrayó, en este sentido, de que la conducción es vital, tanto por su relación directa con la economía agrícola, como por el hecho de que esta obra, puesta en servicio a finales de los años setenta, ha servido para abastecer de agua potable a una población fija de un millón de personas de Alicante y Murcia, que alcanza el millón y medio durante el verano. Melgarejo explicó que en el territorio que cubre el trasvase se rompió con el ciclo migratorio, que en algunos casos se arrastraba desde finales del siglo XIX, y se pasó a otro de inmigración y de crecimiento.

El profesor Melgarejo recordó en su informe, por otra parte, que las autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cedentes del agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia, recibieron entre 1986-2007 unos 300 millones de euros de los agricultores y los ayuntamientos por el caudal cedido, «cantidad que hoy será más alta», subrayó Melgarejo. Según la ley del trasvase, el dinero debiera utilizarse para financiar proyectos ambientales. «Otra cuestión es que los fondos no acabaran en la Confederación del Tajo, la que administra el canal». Con anterioridad a 1986, la compensación económica, que suponía el 4% anual del coste las obras, la recaudaba el Estado, que era el encargado de aplicar esos ingresos a dichas labores de mejora.

En la mesa redonda junto a la directora de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz, también intervino el profesor de Derecho Administrativo y secretario del Instituto del Agua, Andrés Molina. El jurista destacó que el memorándum firmado por el Ministerio de Medio Agricultura y las comunidades valenciana, murciana, manchega, madrileña y extremeña ha supuesto como principal logro «superar las dudas de pervivencia del trasvase. Genera «un marco estable y con seguridad jurídica y evita confrontación y politización, pero es necesario dotarle de un marco jurídico más completo, como a todos los trasvases en España», aseveró Molina.

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