La polémica demolición del Puente Rojo que se contempla en el plan urbanístico para desarrollar los terrenos que quedarán liberados con el soterramiento de las vías ferroviarias tendrá un coste de 300.000 euros, a los que se sumarán los 6,9 millones que AVANT -la entidad que agrupa a las administraciones implicadas en la Alta Velocidad- presupuesta para el paso inferior que lo sustituirá y permitirá dar continuidad a la Gran Vía.
En total, se trata de 7,2 millones de euros. Un importe que se engloba dentro de los costes de urbanización del nuevo sector, que ascienden a 40 millones de euros. No obstante, la inversión total asociada a este proyecto urbanístico alcanza un total de 172 millones de euros, teniendo en cuenta los costes de edificación de las parcelas. Dado que los terrenos son públicos (Ayuntamiento, conselleria y Gobierno), la sociedad AVANT, que representa a las tres administraciones, pretende hacer frente a los costes de urbanización con las plusvalías que se generen mediante la venta de las parcelas. Dada la actual crisis en el sector de la construcción, desde Esquerra Unida cuestionan la viabilidad económica del proyecto. «Es especulativo y juega con edificabilidades y plusvalías irreales», asegura el portavoz de este grupo, Miguel Ángel Pavón.
El proyecto está en fase de tramitación previa a la exposición pública y, en el mejor de los casos, no estará completamente terminado hasta dentro de una década. El desarrollo urbanístico generará ingresos a las arcas públicas mediante las tasas de las licencias, el impuesto de construcciones y el IVA que ascenderán a 41,6 millones de euros. Una vez que esté todo finalizado y construido -se prevén en torno a 1.800 viviendas- el Ayuntamiento seguirá ingresando los impuestos que paguen los nuevos habitantes, como el IBI o la tasa de basuras. Sin embargo, tendrá que hacer frente a los gastos de mantenimiento y deberá prestar servicios a las personas que residan allí. Estos costes se han calculado en 2,1 millones de euros al año. Según AVANT, el Ayuntamiento de Alicante -actualmente intervenido por el Ministerio de Hacienda- tendrá capacidad para hacer frente a ese nuevo gasto.
Miguel Ángel Pavón asegura que presentará alegaciones, entre otras cuestiones, «porque la propuesta de AVANT se carga el parque central y aplaza la estación intermodal una década». En su opinión, «la ciudad no necesita ni 1.800 viviendas ni una torre de más de 20 plantas de altura en los terrenos de Renfe». Según Pavón, los planos reflejan como «el parque muere» a la altura de la Gran Vía «para dar paso a una mastodóntica estación intermodal».
En cuanto al Puente Rojo, se mantienen las diferentes opiniones. Mientras los vecinos de la Plataforma Renfe respaldan su desmantelamiento, otros colectivos reclaman su conservación. Pavón se encuentra entre estos últimos: «La conservación del puente, resolviendo la contaminación acústica con pantallas y la renovación de sus juntas de dilatación, es lo que permitiría la continuidad del parque central a la altura de la Gran Vía». Por contra, Pavón esgrime que la propuesta de AVANT de construir una rotonda en altura y un paso inferior «rompe de forma inevitable la continuidad del parque y es más cara».
