La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, aseguró ayer su disposición a introducir medidas correctoras en el cálculo del copago a los dependientes y discapacitados en residencias y centros de día en los casos particulares que sea necesario: «Si hay situaciones particulares que requieran de la intervención de la Generalitat o alguna aclaración, se van a poner en marcha y se buscarán fórmulas correctoras a los casos particulares».

Los centenares de recursos de alzada que ha provoca la entrada en vigor del decreto de copago en las residencias, llevó ayer a la titular de la conselleria a presentar un informe sobre los cálculos de dicha aportación adicional al término del pleno del Consell: «Sólo el 2,17% de los usuarios de la ley de Dependencia, 155 personas, aportarán el 90 % del coste de los recursos por la atención que reciben», precisó.

La consellera afirmó que la Generalitat garantiza que ninguna persona con discapacidad «va a quedar fuera del sistema de cobertura por no disponer de recursos económicos», y que no van a permitir «ninguna situación injusta», al tiempo que se comprometió a «dialogar con el sector sin descanso».

Son 7.137 las personas de la Comunidad que han recibido una resolución individualizada que fija su capacidad económica, en función de la cual serán atendidos en residencias, centros de día o centro ocupacional. De ellos el 30%, 2.121 personas, quedan exentas de cualquier aportación al coste del servicio al estar por debajo de los 532 euros que establece el índice IPREM.

También destacó que los 1.800 niños usuarios de los centros de atención temprana tampoco tienen que aportar nada a la atención que reciben, «porque su capacidad económica individual es cero»; y que otro 63 % abonarán menos del 20% del coste de la residencia.

Todos los datos aportados por la consellera tratan de minimizar el revuelo que han originado las revisiones del pago entre las personas discapacitadas, que ya han entregado 300 recursos solo en Alicante con la advertencia de CC OO de tramitar una demanda jurídica por considerarlo «ilegal».

El informe de Bienestar Social revela que el 90% de los usuarios aportará menos del 50% del coste de los diferentes servicios, unos 275 euros en un centro ocupacional, 405 euros en un centro de día y 1.050 euros en una residencia.

Como ejemplo, Sánchez Zaplana apuntó que las personas que aporten de media el 90% del coste del servicio al mes (sólo el 2,7% de los usuarios), tienen rentas mensuales de unos 2.500 euros para ir a una residencia, y de 2.000 euros para un centro de día.

En su conjunto, las familias aportarán entre 10 y 15 millones de euros a la gestión de las plazas tras la regularización del pago de la dependencia a residencias y centros.