Crónica de un recorte anunciado. No han pasado ni tres semanas del acuerdo a cuatro bandas entre la Conselleria de Transportes, el Ayuntamiento de Alicante, Vectalia, y sus trabajadores para poner fin a la huelga del transporte interurbano en l'Alacantí con el anuncio del aumento de la subvención del Consell a cambio de la reestructuración de las líneas y desde ayer se ha producido la primera consecuencia negativa que pagarán los usuarios del TAM.

La empresa La Alcoyana, concesionaria del servicio interurbano ha modificado, a petición de la Conselleria de Infraestructuras, el recorrido de la línea 30, que conectaba San Vicente con El Rebolledo y ahora se quedará en La Alcoraya, perjudicando la conexión de las partidas rurales de Alicante con el casco urbano.

Un recorte que afecta a una población estimada de 12.000 vecinos, algunos de los cuales se han quedado a seis y ocho kilómetros de la carretera que conecta todas las partidas y donde están las paradas. De momento no hay reducción de frecuencias, pero los vecinos aseguran que esta medida va a acabar con una línea que tiene 120 pasajeros al día.

La reestructuración de líneas afecta también otras seis líneas interurbanas que reducen frecuencias o desaparecen, como es el caso de la línea 34, la «lanzadera» entre la estación de Adif y el Campus de San Vicente, que deja de circular en beneficio de la Línea 2 del tranvía. Al final, la irresponsabilidad de los gestores las pagan los ciudadanos, y la reducción de la aportación económica de la Generalitat afectará también a las líneas 7, 9 y 11 de Masatusa (rojos) que pierden un autobús.

Carlos Eleno, director general de Transportes, celebró ayer, sin embargo, el supuesto consenso que se ha conseguido para modificar las líneas porque, además, no ha habido ningún despido, según el cargo público. «Se trata de una magnífica noticia, ya que hemos conseguido que todos los trabajadores mantengan su empleo y hemos optimizado el servicio que, no olvidemos, pagan todos los ciudadanos con sus impuestos».

Los vecinos de las partidas rurales de Alicante, donde el censo tiene registrados 8.000 residentes pero con una población real que roza las 12.000 personas, según apuntó ayer Pablo Vidal, secretario de la asociación Alabastre-La Meca, se desayunaron ayer con la desagradable sorpresa del cambio de recorrido de la línea 30 del bus interurbano (azul) que conectaba el hospital de San Vicente con la partida de El Rebolledo, donde llega el autobús 07, lo que les daba otra opción para llegar a Alicante.

Desde ayer, la línea finaliza en La Alcoraya, ha reducido de 5 a 4 las frecuencias en cada sentido, y el autobús ya no entra en otras partidas, con lo cual muchos vecinos se quedan a seis y ocho kilómetros de la parada. «Cierto es que los residentes nos movemos en coche pero precisamente porque el servicio de transportes público es deficiente, pese pagar los mismos impuestos que los vecinos del centro de Alicante. La población más afectadas es gente mayor, por lo que mucho nos tememos que al final se elimine la línea, que es lo que sospechamos desde hace meses», subrayó Pablo Vidal, inquieto desde que hace unos seis meses desde la Concejalía de Tráfico se insinuó la posibilidad de recurrir a un servicio de taxis como sucede en las pedanías de Elche.

En concreto, los recortes que entraron ayer en vigor afectan a las líneas interurbanas 21, 22, 23, 25, 30, 34 (eliminada) 38 y 39, que pierden servicios, por lo que el tiempo de espera de los autobuses aumenta en cinco minutos para los viajeros, según explicaron ayer desde Infraestructuras, que este año pagará a Vectalia por pasajero y no por kilómetro como hasta 2013.

Rechazo general

El nuevo escenario del transporte urbano y metropolitano suscitó ayer el rechazo en bloque de PSOE, Esquerra Unida y UPyD. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Manuel Marín, criticó, en este sentido, que se haya suprimido la línea directa de autobuses entre Alicante y la Universidad, que llevaba a muchos alumnos hasta la puerta de la facultad, y censuró la subida del bono-bus «más del doble del IPC previsto para 2014».

Por su parte, Daniel Simón, lamentó que no sólo haya recortes sino que se siga sin definir una conexión directa con autobús entre Sant Joan y San Vicente. Fernando Llopis, concejal de UPyD, denunció, por su parte, que «el PP se ha cargado en dos meses lo que se aprobó en Pleno en septiembre cuando se aceptó nuestra proposición de que cualquier cambio en el transporte se consensuara con los vecinos».