El Tribunal Supremo ha dado una nuevo revés a los intentos del gobierno de Castilla-La Mancha de bloquear el envío de agua del Tajo a la cuenca del Segura (Alicante y Murcia) al desestimar el recurso que presentó en su día el ejecutivo castellano-manchego, presidido entonces por el socialista José María Barreda, contra la compra de agua de los regantes a la comunidad madrileña de Estremera, cerca de Aranjuez.
En concreto, durante la sequía que sacudió la cuenca del Segura en el periodo 2006-2010, acompañada por un recorte en las aportaciones del trasvase, el Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, entidad de la que forma parte Riegos de Levante, compró 120 hm3 a sus homólogos del Tajo pagando 24 millones de euros (cuatro mil millones de las antiguas pesetas). Castilla-La Mancha recurrió a los tribunales e incluso llegó a suprimir las ayudas que concedía a los regantes de Estremera que tenían el permiso del entonces Ministerio de Medio Ambiente. El canal de Estremera arranca en Guadalajara y termina en Toledo.
El intercambio se lleva a cabo desde el año 2006 debido a que la comunidad de regantes de Estremera comenzó unas obras de modernización de sus regadíos que supondrán un ahorro en el futuro del 40% de su dotación, es decir, que de los 31,05 hectómetros, 15 hectómetros. Los regantes alicantinos pagaron por agua de Estremera a razón 0,18 euros el metro cúbico, más cara que la que por ley les corresponde recibir desde Entrepeñas y Buendía.
La sentencia del Supremo será, posiblemente, la última que se produzca en este sentido, ya que desde hace un par de semanas los intercambios de agua entre los regantes del Tajo han pasado a estar amparado por la ley que facilita la creación de los mercados del agua o, lo que es lo mismo, el intercambio de los derechos de agua entre los agricultores. Algo que puede beneficiar también a los regantes del Vinalopó para comprar caudales a sus colegas del Júcar.
