Esquerra Unida de Alicante ha aportado trece documentos al juez de la pieza separada del caso Brugal sobre las presuntas ilegalidades en el plan Rabasa para tratar de demostrar que la ubicación de Ikea en esa zona "esconde un pelotazo urbanístico" de la multinacional y del empresario Enrique Ortiz.

Para la coalición, en la tramitación del plan Rabasa se han podido producir los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho porque "los intereses económicos de Ortiz determinaron las decisiones políticas" y ha señalado que la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, presuntamente intervino tanto en su etapa como concejal de Urbanismo como una vez llegada a la alcaldía.

Estos documentos fueron trasladados el pasado viernes al juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, cuyo titular es Juan Carlos Cerón, según han informado hoy el letrado de la coalición José Luis Romero, el portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, y la diputada autonómica Esther López Barceló.

Son documentos privados firmados por Ortiz, imputado en varias de las piezas del Brugal, y responsables de Ikea en los que, en un primer momento, se comprometían a situar la gran superficie en suelo de una mercantil del empresario en el PAU 1 de la ciudad a cambio de más de 35,1 millones de euros.

En otro de los informes, se observa que posteriormente se decidió que Ikea fuera a terrenos de otra empresa participada por Ortiz en el plan Rabasa a cambio, primero, de 66,9 millones de euros y, posteriormente, de 97 millones, una vez incorporados los requerimientos de la multinacional.

Entre las condiciones que darían más valor a la operación y que debían ser acordadas por el ayuntamiento están la apertura de un centro cívico en la rotonda de acceso al futuro barrio de Rabasa y a la Universidad, modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impedir más macrocentros comerciales en toda la ciudad y lograr subir la edificabilidad en Rabasa hasta 0,7.

Todos esos documentos privados, según la coalición, son previos a los acuerdos adoptados en el mismo sentido por el consistorio, lo que demostraría que "el Urbanismo de la ciudad está vinculado a la satisfacción del amigo personal de la alcaldesa Sonia Castedo: Enrique Ortiz".

Para EU, todas esas condiciones urbanísticas elevarían el valor del suelo en Rabasa a beneficio de Ortiz y podrían hacer que la instalación de Ikea en la ciudad le saliera gratis a la multinacional, ya que a su vez ingresaría mucho dinero por la venta de terreno en el macrocentro comercial para tiendas y otras grandes cadenas de distribución alimentaria.

El abogado de EU ha insistido en que estos informes "confirman que las decisiones institucionales van detrás de los acuerdos adoptados por Ortiz y su socio; que el ayuntamiento no actúa por el interés general sino para implementar esos intereses económicos".

Ante esta situación, EU ha presentado en Les Corts Valencianes una proposición no de ley para instar a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para que no dé luz verde a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) enviada por el ayuntamiento alicantino para posibilitar la implantación de Ikea y el macrocentro comercial anexo.

EU considera que la referida ATE está "viciada" por las presuntas ilegalidades que investiga el juez en esta supuesta "trama de corrupción a favor de Ortiz".

La investigación en torno a las presuntas irregularidades del plan Rabasa fueron inicialmente archivadas en 2008 por el mismo juzgado aunque, a raíz de un recurso de EU, la Audiencia Provincial instó el pasado mayo a la reapertura.

Actualmente, el juez ha recibido los informes policiales pedidos y está a la espera, tras requerirlo por segunda vez, de recibir la documentación del caso procedente del juzgado de Orihuela del que partieron todas las piezas separadas del caso Brugal.

Hasta que no reciba esa documentación y se practiquen posibles nuevas diligencias, no se prevé que el juez pueda determinar la declaración de imputados y testigos.

EU aceptaría la llegada de Ikea si se cumplen tres condiciones: que se desvincule de un macrocentro comercial adyacente, que esté fuera del futuro barrio de Rabasa o de otro plan especulativo y que haya un consenso previo con los comerciantes del mueble.