El Ayuntamiento de Alicante mantiene su intención de no pagar por el transporte público más allá del 65% que entiende que le corresponde. Al igual que hizo con la factura del mes de agosto, el equipo de gobierno local pide que las de los últimos dos meses de septiembre y octubre -por vallor de 1,6 millones de euros- se le descuenten de lo que pagó de más durante la primera mitad del año para cubrir la parte que le correspondía al Consell (35%).

De esta forma, el equipo de gobierno local se ratifica en su intención de no abonar, desde este mismo año, más del 65% del coste del servicio. Una cantidad con la que, según la alcaldesa, Sonia Castedo, se garantiza el servicio urbano y algunas de las conexiones con la comarca -como al Hospital de San Juan o la Universidad-, pero no el tranporte por los otros municipios.

El concejal de Tráfico y Transportes, Juan Seva, incidió ayer en que el Ayuntamiento de Alicante «sólo asumirá su parte» durante 2013 y también el próximo año, para el que, según afirmó, «se ha presupuestado una cantidad similar a este» para hacer frente al 65% del servicio. Mientras, la Conselleria de Transportes sigue sin garantizar que pueda asumir el 35% restante y ni siquiera ha informado de la cantidad que podrá aportar. Una situación que deja en el aire el servicio interurbano y que ha provocado que los trabajadores convoquen protestas.