08 de noviembre de 2013
08.11.2013

El juzgado ordena el embargo de bienes a Milagrosa Martínez por el caso Gürtel

La exconsellera no ha depositado la fianza por su supuesta participación en la adjudicación fraudulenta de contratos de Fitur

07.11.2013 | 23:59
Milagrosa Martínez, exconsellera y expresidenta de las Cortes.

La sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investiga las contrataciones de la Generalitat Valenciana para la feria Fitur entre 2005 y 2008 relacionadas con la trama Gürtel ha dado por finalizada la fase de instrucción y ha elevado el asunto para que se fije una fecha para el juicio. En la resolución (contra la que cabe recurso de reposición en un plazo de tres días) se ordena también el embargo de bienes a seis acusados para cubrir las fianzas que les fueron impuestas y que no han sido depositadas, entre ellos a la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, a quien el juez instructor solicitó que depositara 636.500 euros.

La Secretaría de la sala eleva esta pieza 3 del caso Gürtel a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV para que señale una fecha para el juicio, una vez que ya se han presentado los escritos de defensa de los procesados, que son un total de trece. Además de Martínez, están imputados la exconsellera de Turismo Angélica Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret; los presuntos cabecillas de la trama Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa; el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, Isaac Vidal; el jefe del servicio de Promoción de la Agencia, Jorge Guarro; la coordinadora de ferias de la AVT, Ana Grau; el jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat, Juan Bover; la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; y la exempleada de las mismas entidades Mónica Magariños. Aunque inicialmente el procedimiento también se dirigía contra el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, el juez José Ceres ha decidido no imputarle a petición del ministerio fiscal, por no tener constancia de que intercediera para facilitar contratos a empresas de la trama.

Los trece imputados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. El ministerio fiscal solicita once años de prisión para Milagrosa Martínez, mientras que a los supuestos cabecillas de la trama se les solicitan entre diez y once años y medio, así como catorce para la coordinadora de ferias y siete para el jefe de Promoción de la AVT.

Junto a los bienes de la exconsellera serán también embargados los de otros cinco imputados que tampoco han depositado la fianza. Es el caso de Betoret (quien debía depositar 645.000), Vidal (540.000), Herrero (336.500), Guarro (230.000) y Grau (137.000 euros). En el caso de los demás imputados, está pendiente de requerimiento personal de fianza Álvaro Pérez (a quien se solicitaron 651.500 euros), así como el despacho de solicitudes de cooperación judicial de Crespo y Correa (645.000 euros cada uno), Jordán (440.000) y Magariños (330.000 euros).
Orange Market

En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT (entidad pública de la Generalitat) a la mercantil Orange Market y otras sociedades vinculadas, que se encargaban de organizar la mayor parte de actos públicos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Las empresas de esta trama se hicieron con los contratos de Fitur entre 2005 y 2007 (siendo consellera Milagrosa Martínez) y de 2008 a 2009 (cuando la responsable era Angélica Such). Además, se pactaron otros actos y ferias, lo que supone, según el ministerio fiscal, más de cinco millones de euros en contratos adjudicados a empresas que ni siquiera podrían haber concurrido a los concursos por carecer de la necesaria solvencia técnica.
Esta es una de las seis piezas separadas en la supuesta trama de financiación irregular del PP en la Comunidad que investiga el TSJCV, y la primera en llegar a juicio.

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