El ministro de Agricultura, Miguel Árias Cañete, logró ayer la cuadratura del círculo hídrico en torno al trasvase Tajo-Segura: que las cinco autonomías dependientes de la cuenca del Tajo (Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid) llegaran a un acuerdo que, en principio, salva el envío de caudales del Tajo a la provincia, así como a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, responsable de la distribución del agua potable que beben un millón de alicantinos. Y lo logró a través de una enmienda a la Ley de Evaluación Ambiental en la que se deroga la denominada "cláusula Narbona" del Plan Hidrológico Nacional, que establecía que los aportes del Tajo a la provincia de Alicante y Murcia se irían recortando a medida que entraran en servicio las controvertidas desaladoras. El cambio de la ley debe publicarse en le Boletín Oficial del Estado a lo largo de diciembre.
El documento (memorándum) que ha entrado en el Congreso para su tramitación con rango de ley mantiene elevar la reserva estratégica del complejo Entrepeñas-Buendía a los 400 hm3, aunque las cinco comunidades, el Gobierno y los regantes se han comprometido a controlar los desembales irregulares en los pantanos de la cabecera del Tajo, lo que mitigará el aumento del umbral a partir del cual no se enviará agua del trasvase. Riegos de Levante calcula que el control de los desembalses en la cabecera del río proporcionará un caudal extra en torno a los 130 hm3 al año, que se inyectarán en el trasvase al Segura.
Algo que, como recordó ayer Antonio Rico, catedrático de Geografía Regional y experto en temas hídricos, "era absolutamente imprescindible. La agricultura no puede pagar el agua desalada que se produce a un euro por metro cúbico y, además, también era una grave irresponsabilidad que el Gobierno cargara el desastre del pago de las desaladoras al bolsillo de las familias en plena crisis, porque el agua del Tajo, no nos olvidemos, garantiza el suministro urbano y es un recurso mucho más barato".
El acuerdo mantiene la decisión de elevar la reserva estratégica hasta los 400 hm3 (actualmente está en los 240 hm3), pero se hará gradualmente durante cinco años a razón de 32 hm3 al año. Desde el ministerio se aseguró ayer que con el control de los desembalses se podrá mantener el envío medio anual de 350 hm3 y, en años lluviosos, la cantidad se elevara hasta 600 hm3.
Los volúmenes de agua a trasvasar al Segura se fijarán en función de distintos niveles. El primero de ellos se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.500 hm3 o bien cuando las aportaciones conjuntas entrantes en estos embalses en los últimos 12 meses igualen o superen los 1.000 hm3. En este caso, se permitirá un trasvase mensual de 68 hm3 hasta el máximo anual. El nivel 2 permitirá que la comisión de explotación autorice un trasvase mensual de 38 hm3. Esta situación se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.500 hm3 (pero sin llegar a situación excepcional) y las aportaciones conjuntas de los últimos doce meses no lleguen a 1.000 hm3. El nivel 3 se aplicará cuando la situación hidrológica sea "excepcional", lo que se considerará cuando las existencias conjuntas de ambos embalses no superen a principios de mes los valores que fije el plan del Tajo en vigor.
En este momento, el Gobierno, mediante real decreto, establecerá un trasvase máximo mensual que el órgano competente autorizará con el objetivo de dar mayor estabilidad a los suministros.
No habrá trasvase al Segura cuando las existencias conjuntas sean inferiores a los 400 hm3. Este volumen mínimo será revisable conforme a las variaciones que experimenten las demandas. Entre 2005 y 2012 se han trasvasado del Tajo al Segura 2.104 hm3. En estos momentos, Entrepeñas y Buendía embalsan 720 hm3.
José Manuel Claver, presidente del Sindicato de Regantes, y Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante, calificaron el acuerdo "como un acto histórico que esperamos marque las bases a los problemas de suministro de agua del Tajo, un río que es clave para el mantenimiento de nuestra agricultura y de miles de puestos de trabajo en Alicante y Murcia".
