La corporación local de Alicante, con los votos a favor el equipo de Gobierno (PP), ha aprobado hoy acogerse al segundo plan de pago de proveedores ofrecido por el Gobierno central por un importe cercano a los 27 millones de euros.

De este total, casi 23,5 millones de euros se destinarán a pagar facturas pendientes de pago a proveedores de servicios.

En menos de quince minutos, el pleno ordinario celebrado esta mañana ha debatido y ha aprobado la adhesión a este plan que, a juicio de los populares, permitirá sanear las cuentas municipales.

Sin embargo, los tres grupos municipales de la oposición (PSOE, EU y UPyD) han tildado esta medida de "rescate financiero" y han asegurado que, "desde hoy, el ayuntamiento queda intervenido por el Ministerio de Hacienda".

"No es cierto. El ayuntamiento seguirá gestionando la ciudad y este pleno tendrá autonomía" de decisión, ha contestado el edil de Hacienda, Juan Seva, a quien el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, ha acusado de ser responsable junto a la alcaldesa, Sonia Castedo, de este "desastre económico" municipal.

A juicio del concejal popular, acogerse a este segundo plan de pago permitirá "ponernos al día con los proveedores, sanear las cuentas, tener un remanente positivo de Tesorería y atender los servicios".

La respuesta de la oposición, crítica con la gestión del PP de las arcas públicas, ha llegado en forma de preguntas: "¿cuáles son las consecuencias para el ciudadano?" y "¿de dónde va a recortar el Gobierno local para pagar ese dinero?".

Para el portavoz socialista, Miguel Ull, "las consecuencias serán catastróficas y, según Pavón, "la subida de las tasas será brutal".

Desde Unión Progreso y Democracia (UPyD), su edil, Fernando Llopis, ha dicho que la gestión económica del PP es "nefasta".

"Nos acogemos por segunda vez a un plan para sanear nuestras cuentas cuando se supone que el primero iba a solucionar los problemas, pero no ha sido así", ha lamentado.

Según Llopis, al PP "sólo le interesa llegar a las elecciones del 2015 sin que quiebre el consistorio".

Por contra, Seva ha afirmado que se elaborará un estudio para conocer la repercusión en tasas y tributos, pero ha adelantado que "no será como la oposición anuncia". Como ejemplo, ha expuesto que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) permanecerá congelado en los próximos 10 años.

Antes de este debate, Castedo ordenó a la Policía Local que desalojara al público asistente al pleno después de pedir silencio en dos ocasiones.

Alrededor de unos cuarenta funcionarios del ayuntamiento, muchos de ellos auxiliares, exigieron con pancartas la puesta en marcha de medidas que permitan la promoción interna.

"Castedo pretende que no haya testigos de su asalto a la ciudad", ha manifestado el secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Gabriel Echávarri.

Previamente, el pleno, también con los votos del PP, ha aprobado delegar en SUMA Gestión Tributaria, organismo adscrito a la Diputación Provincial, la recaudación voluntaria de tributos.

Este convenio, tildado de "ruinoso" por EU en cuanto que el ayuntamiento deberá abonar a SUMA 2,5 millones de euros por la gestión tributaria, permitirá al consistorio disponer de liquidez.