El Ayuntamiento acatará la resolución de la Agencia de protección de datos y procederá, en el plazo de un mes, a tomar las medidas necesarias para cumplir la ley y no vulnerar el derecho de privacidad de las personas en la videovigilancia de parques y colegios públicos. Así lo expresaron ayer desde la Concejalía de Atención Urbana.
El servicio de vigilancia en parques y colegios que lleva a cabo la concejalía de Atención Urbana, se remonta a 2006, año en el que se adjudicó la actividad a tres mercantiles agrupadas en una unión temporal de empresas, pero su implantación no se pudo llevar a cabo al ser paralizada por la Subdelegación del Gobierno. Cuatro años más tarde, Andrés Llorens señalaba que ya disponía del permiso gubernativo y que ponía en marcha la videovigilancia en los parque de la Ereta, Lo Morant y el Tossal, así como en algunos colegios públicos como el número 54 y el de Gloria Fuertes. Ahora, sin embargo, en su resolución, la Agencia Española de Protección de Datos afirma, tal como publicó ayer este diario, que el «Ayuntamiento no ha procedido a tramitar la pertinente autorización administrativa». Además, se recalca que el sistema de videovigilancia instalado «permite la captación y la grabación de datos personales de los viandantes que acceden a los parques», por lo que «constituyen un tratamiento de datos de carácter personal y, por tanto, sometido al consentimiento de sus titulares». Todo ello se ha infringido, por lo que la Agencia concede un plazo de un mes al Ayuntamiento para rectificar y adaptarse a la ley o retirar la videovigilancia.
Desde Atención Urbana se informó ayer que se van a subsanar los reparos y solicitar los permisos, y se añadió que hoy se dará una mayor explicación de este asunto. En cualquier caso, lo que parece descartado es que se desmonten las cámaras, ya que se considera que el servicio es necesario para combatir el vandalismo y la delincuencia.
Por su parte, el Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos (SPPLB), que fue el que presentó la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, advirtió ayer que «no sólo hay irregularidades en la videovigilancia, sino también un mal funcionamiento, y hay informes al respecto», según un portavoz del colectivo. Las mismas fuentes sindicales afirman que este servicio declarado ilegal ha costado a las arcas municipales casi un millón de euros.
Para el SPPLB no se puede admitir que el Ayuntamiento se gaste tanto dinero en un servicio ilegal y exige al gobierno municipal «que haga bien sus inversiones». También recalcó el portavoz sindical que «vamos a continuar vigilantes para exigir que se cumpla la legalidad y denunciaremos todo aquello que no respete los requisitos legales».
