La reforma de la Justicia prevista por Alberto Ruiz Gallardón en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé la desaparición de la justicia de paz y con ella, la extinción de la figura de los casi medio millar de jueces de paz que la ejercen en toda la Comunidad Valenciana y que supondrán un ahorro anual de más de millón y medio de euros al año entre jueces de paz y funcionarios. En la provincia de Alicante, la reforma amenaza a los juzgados de paz de 141 municipios alicantinos.
El proyecto del Gobierno prevé poner así fin a un tipo de justicia cercana basada en pequeñas faltas, actos de registro civil (como inscripción de nacimientos, defunciones o celebración de bodas) así como de conciliación vecinal o actos de comunicación. Con más de 150 años a sus espaldas, la justicia de paz tiende a desaparecer después de que en los últimos tres años se haya visto afectada por retrasos en los sueldos de los funcionarios del juzgado de paz que, concretamente en algunos puntos de la provincia, superan el año y medio sin recibir un euro. «Los funcionarios y secretarios que reciben un plus por atender los juzgados de paz llevan entre uno y tres años sin cobrar», explica la coordinadora de Justicia de de CCOO, Marian Rubí.
También recuerda el retraso en el cobro de los pluses Juan Pelegrín, de la sección de Justicia de UGT y funcionario del Juzgado de Paz de Muro de Alcoy. «En los municipios con menos de siete mil habitantes el personal municipal es el que atiende el juzgado de paz y llevan dos años sin cobrar». En cuanto a los jueces de paz, explica que su remuneración es «simbólica», sobre todo en pequeños municipios. La compensación económica media de un juez de paz es de unos 1.000 euros trimestrales.
Las retribuciones provienen del Ministerio de Justicia en el caso de los municipios con más de 7.000 habitantes -se trata de funcionarios de la Administración de Justicia- mientras que en pequeños pueblos el personal municipal recibe un plus por atender el juzgado de paz y el secretario municipal es, a su vez, el secretario del órgano judicial, recibiendo por su trabajo un plus en su nómina por encargarse del juzgado.
Estos funcionarios de pequeños Ayuntamientos son precisamente los que están al menos un año sin percibir su compensación. Prueba de la falta de remuneración al personal municipal es la huelga que hace unos dos años iniciaron los secretarios de los juzgados de paz de pequeños municipios y que forzó que la Fiscalía abriera una investigación por dejación de funciones en algunos juzgados de paz de la provincia. Mejor están, aunque en unas instalaciones arcaicas, en los juzgados de Sant Joan d´Alacant. Según explica una trabajadora del juzgado de paz «percibimos un sueldo como funcionarios de Justicia y sí cobramos las nóminas, algo que no está ocurriendo en pueblos más pequeños».
Elección por el pleno municipal
Los jueces de paz son elegidos por el pleno municipal cada cuatro años. Suelen ser personas de consenso, con inquietud por el entendimiento entre sus vecinos, muchas veces jubilados y sin carrera de Derecho. Sus funciones principales desaparecerán con la entrada en vigor de la LOPJ, prevista para el 2014, y con su extinción, según recuerda Marian Rubí de CCOO, «desaparecerán puestos de trabajo y la justicia de cercanía». Alerta de que la Justicia se centralizará en las capitales de provincia y destaca, a modo de ejemplo, que un ciudadano que viva en Santa Pola o Xixona tendrá que desplazarse a Alicante «hasta para cualquier nimiedad». «Es justo lo contrario de lo que se dice que se persigue, que es acercar la Justicia al ciudadano».
