En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que los declaraba ilegales, la Generalitat, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha pedido licencia al Ayuntamiento de Alicante para demoler los seis bungalows adosados construidos por el exalcalde de Santa Pola Pascual Orts.

Este requisito es el último aún pendiente para que la Conselleria cumpla una sentencia del Tribunal Supremo que se remonta al año 2009 y cuya ejecución ha venido retrasando hasta tal punto que ha recibido hasta cuatro requerimientos por parte del Ministerio de Medio Ambiente reclamando la ejecución de la sentencia.

El comienzo del derribo de los bungalows ilegales debería ser cosa de escasas semanas, en condiciones normales, ya que la concesión de la licencia municipal es imperativa por mandato judicial y el pasado 19 de junio concluyó el plazo de presentación de ofertas al concurso convocado por Infraestructuras para adjudicar los trabajos de demolición. Sin embargo, la lentitud que la Conselleria imprime a este asunto, con continuas demoras, obliga a no poner plazos. Hay que tener en cuenta que aún no ha hecho público el nombre de la adjudicataria de las obras de demolición.

Además del derribo de los bungalows, la Generalitat tiene otra obligación aún más gravosa, puesto que deberá indemnizar a los propietarios de los mismos, uno de los cuales, el ex alcalde de Santa Pola, ya anunció que había reclamado una indemnización de casi dos millones de euros. Otro titular de una de las viviendas es el empresario Enrique Ortiz.

Como se recordará, la sentencia que obliga a demoler estas casas es consecuencia del recurso interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente contra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, del 17 de junio de 1999, autorizando la contrucción de los seis adosados pese a afectar al dominio público. El Tribunal Superior de Justicia declaró las casas ilegales en 2003, y el Tribunal Supremo lo ratificó en 2009.