La Unión Europea (UE) ha anunciado la apertura de una investigación para determinar si ha sido legal la decisión del Ayuntamiento de Alicante de adjudicar la contrata de la limpieza de la ciudad y la recogida de basuras a una unión de empresas de la que forma parte Enrique Ortiz. La decisión se toma como consecuencia de una denuncia interpuesta por Esquerra Unida sobre la adjudicación, así como la gestión de la planta de basuras.

Aunque como resultas de esta investigación podría hasta anularse la adjudicación de la «contrata del siglo», al ser, con sus 500 millones de euros, la más cara en la historia del Ayuntamiento, la medida no implica ninguna medida cautelar, por lo que las cuatro mercantiles que integran la unión temporal de empresas, Enrique Ortiz, Inusa, Cespa y FCC podrán comenzar a prestar el servicio a primeros de agosto, tal como tiene previsto el Ayuntamiento.

La decisión de iniciar la investigación se recoge en la respuesta por escrito que la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, ha remitido al diputado europeo de EU, Willy Meyer. En dicho escrito se señala que «la Comisión considera que los hechos planteados merecen una mayor atención y por consiguiente la Comisión se propone poner en marcha una investigación para proceder a una evaluación de hecho y de derecho y, si es necesario, adoptará las medidas adecuadas».

La decisión de la UE ha sido celebrada por el portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, quien expresó ayer su « satisfacción» por la respuesta de la Comisión y espera que «la investigación se ponga en marcha cuanto antes y que sus conclusiones permitan dilucidar si se ha producido alguna vulneración del derecho comunitario tanto en la adjudicación de la mayor contrata municipal como en la gestión de los residuos en la planta de Fontcalent».

En la denuncia presentada por EU a la UE se hacía constar el valor máximo del contrato, de 435 millones sin incluir la revisión anual de precios, que dispararía el coste hasta los 500 millones en los doce años de adjudicación, y se destacaba que «el anuncio de licitación no se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, pudiéndose por ello haber incumplido la directiva sobre adjudicaciones de contratos públicos».

El edil de EU señaló que el escrito de la UE para abrir la investigación es de fecha 15 de julio, apenas tres días antes de que el Ayuntamiento acordará por urgencia adjudicar la contrata a las cuatro empresas citadas. También recordó que esta misma denuncia sobre la no publicación en el Diario de la UE fue rechazada la semana pasada por un tribunal administrativo del Ministerio de Hacienda, tal como ya informó este periódico.