A los impagos que sufren estos centros se suma la incertidumbre ante la próxima licitación del servicio de acogimiento residencial previsto para el mes de noviembre. "Lo que viene es muy duro, ya que se quiere acabar con todo el sistema de prevención", explica Francisco Fidel Martínez. En la práctica "esto supondrá que menores en situación de riesgo de sufrir malos tratos o abusos no reciban una atención temprana que prevenga estos problemas y se les oculte".
En cuanto al concurso para licitar el servicio de acogimiento familiar, "recientemente éste ha quedado desierto en la provincia de Alicante, porque las condiciones eran tan penosas que las empresas no podían ni pagar el salario a los trabajadores".
Pero además, las deudas con estos centros pueden tener otra consecuencia nefasta, según denunciaron ayer los trabajadores. "La ley de concursos obliga a que los centros que se quieren presentar a las nuevas licitaciones estén al corriente de los pagos y presentar unas garantías. Con seis meses de impagos es imposible que podamos optar a estos concursos".
La plataforma que se presentó ayer está integrada por trabajadores de seis centros de la provincia de Alicante. Sus responsables sostienen que no van a cesar las protestas hasta que la situación no se resuelva y "obtengamos un calendario de pagos fiable por parte de la Generalitat", afirma Francisco Fidel Martínez. En este sentido, "estamos dispuestos a llegar hasta el Parlamento Europeo si es necesario".
El sector en la provincia de Alicante da trabajo a cerca de 500 personas, "y muchas de ellas ya no tienen ni para pagar la gasolina o la hipoteca".
