La Conselleria de Educación se ha encontrado con la oposición en su propia casa. El colectivo de centros concertados a quienes ha extendido las becas de comedor por primera vez a partir del curso próximo, le ha plantado cara y está boicoteando la medida.

Los titulares de estos colegios se están negando a recoger y tramitar las solicitudes que presentan las familias que quieren tener opción a una beca de comedor, porque los que tienen que hacerse cargo de la mayor parte de esta subvención son los propios centros. Consideran que Educación no ha contado con ellos para llevar a cabo esta medida y la están rechazando.

«La Administración educativa no les ha informado de nada y no están dispuestos a asumir los costes, así que no están cogiendo las solicitudes de las becas», confirmó ayer la presidenta de la Confederación de padres de centros concertados, CONCAPA, Julia María Llopis, a su vez máxima dirigente de la federación provincial Escuela y Familia.

La nueva orden de becas de comedor publicada el 18 de junio pasado contempla textualmente que: «En el caso del alumnado escolarizado en niveles concertados de centros privados, será condición para la obtención de la ayuda que el centro adquiera el compromiso de sufragar la diferencia entre el importe máximo de la ayuda concedida y el precio del menú diario establecido por el propio centro».

El menú

La beca, por tanto, cifrada en 3,95 euros por alumno y día, deberá ser completada por el propio colegio concertado donde esté matriculado ese alumnado, hasta los entre 120 y 140 euros al mes que cuestan los menús. Por tanto los centros tendrá que pagar entre 33 y 53 euros por cada una de las becas que conceda Educación a familias de la concertada.

La portavoz de los padres, Julia María Llopis, a quien han llegado las protestas de las familias que han visto rechazadas sus solicitudes de beca en alguno de estos colegios el plazo para pedir las ayudas acaba el próximo día 12 de julio, lamenta que después de lo que ha costado que la conselleria atendiera una demanda histórica de las familias de los centros concertados por la consecución de estas ayudas, que incluso les ha llevado a presentar recursos judiciales para que no se les discrimine de las subvenciones públicas, ahora no de resultado por no pactarlo previamente. La federación se ofrece a recoger las peticiones para hacerlas llegar a Educación.

«Se ha hecho con precipitación, sin hablar con los centros a los que se implica en el pago de buena parte de la beca, y como además llevan siete meses sin recibir un euro de la administración, no están dispuestos a hacer nuevos esfuerzos económicos mientras lo están pasando tan mal», añade la presidenta del colectivo de familias.

Efectivamente, entre las deudas que acumula este curso el departamento de María José Catalá, figuran los gastos de funcionamiento y coste del personal de los centros concertados a lo que tan solo ha abonado el primer trimestre del curso.