Las jubilaciones forzosas que está llevando a cabo la Conselleria de Sanidad sólo afectarán a los médicos de hospitales y centros de salud. Los cargos directivos, como directores de hospital o los territoriales de las tres provincias, quedan excluidos de la misma. La orden que ampara esta medida, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana el pasado 10 de junio, recoge en su artículo primero que de ella está excluido "el personal funcionario de la Generalitat destinado en servicios centrales y direcciones territoriales de la Conselleria de Sanidad". Cerca de 1.500 personas trabajan actualmente en el primer escalón de la conselleria, muchos de ellos médicos que podrán continuar trabajando hasta los 70 años.
Trabajadores del Hospital General de Alicante afectados por las jubilaciones forzosas mostraban ayer su indignación con esta situación. "Nos jubilan a la tropa, mientras que los altos cargos y quienes ocupan los despachos no tienen problemas en que se les alargue la vida laboral".
Mientras, el sindicato CSI·F presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso para que obligue a la Conselleria de Sanidad a paralizar todos los expedientes de jubilación forzosa a cerca de 600 profesionales sanitarios que superan los 65 años y tenían, previamente, una prórroga laboral concedida.
"Dentro de lo previsible"
Fuentes de la Conselleria informaron de que la presentación de este recurso, de la que no tienen constancia, "entra dentro de lo previsible", y recordaron que se ha seguido "el procedimiento establecido para este tipo de procesos, como es la reunión de la mesa sindical, la aprobación en pleno del Consell y la publicación en el DOCV". El sindicato asegura que ya ganó una sentencia en la que el TSJCV falló a favor de reincorporar a su puesto de trabajo a una trabajadora hospitalaria a la que la Conselleria obligaba a jubilarse.
El sindicato recurrió y pidió la suspensión cautelar de esa jubilación hasta emitirse la sentencia definitiva. El TSJ aceptó el recurso y destacó la falta de fundamento de ese retiro forzoso, sobre todo cuando había informes del servicio de prevención de riesgos laborales que defendían la continuidad en el trabajo. El recurso interpuesto ahora por el CSI·F plantea, en la práctica, la extensión de esa medida cautelar de suspensión de la jubilación forzosa a todos los empleados públicos que se encuentran en la misma situación. El sindicato alega que la nueva normativa no puede tener efectos retroactivos desfavorables: si la Conselleria concedió una prórroga laboral a estos trabajadores que superan los 65 años no puede ahora anularla con una orden posterior.
Cabe recordar que la Conselleria de Sanidad ya ha comunicado a decenas de médicos en la provincia de Alicante que a partir de octubre ya no tendrán que seguir trabajando. Sólo en el Hospital General de Alicante hay 25 médicos en esta situación, algunos de ellos destacados jefes de servicio. En el Hospital General de Elche son 11 los profesionales afectados y en el de Sant Joan son siete los médicos que colgarán la bata a partir de octubre.
16.200 enfermeros optan a 500 plazas
Un total de 16.200 enfermeros se presentarán el domingo en Valencia a las oposiciones para tratar de conseguir algunas de las 500 plazas que se ofertan para trabajar en hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Tanto el Sindicato de Enfermería Satse como el Colegio de Enfermería han fletado autobuses para asistir desde varias localidades de la provincia a la prueba, que se celebrará en dos tandas debido a la gran cantidad de aspirantes. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) pidió a que la oposición se celebrara de forma simultánea en las tres provincias y no sólo en Valencia. Una petición que cayó en saco roto, por lo que el Cecova advierte de que estará vigilante para que la prueba se desarrolle con garantías.
