La portavoz del equipo de Gobierno de Alicante, Marta García Romeu, ha afirmado este lunes que el ejecutivo alicantino acata la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular la aprobación del Plan Rabasa y su adjudicación a una empresa de Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', al tiempo que ha insistido en que, "en principio, salvo que después haya un mejor criterio", no recurrirá la sentencia.
García Romeu ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, preguntada sobre si desde el consistorio se estudia la posibilidad de recurrir la anulación del Plan Rabasa. Al respecto, la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, aseguró el pasado jueves que no se presentaría recurso.
"No, en principio no. Por parte del Ayuntamiento no se va a plantear, salvo que después haya un mejor criterio, ningún recurso al respecto. Por parte del consistorio desde luego no, hay más partes afectadas", ha manifestado la portavoz municipal, en alusión al resto de demandadas, entre las que se encuentran la Generalitat valenciana, la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo SL --propiedad de Ortiz-- y la promotora Deproinmed SL.
Igualmente, ha explicado que el ejecutivo alicantino está en conversaciones con Ikea --cuya implantación quedó incluida en el referido plan a través de modificaciones en su desarrollo--, para "mantener el interés" que la multinacional "tiene en expandirse" en Alicante.
"Trabajaremos juntos para estudiar en profundidad el contenido de la sentencia y a partir de ahí trabajar para hacer efectiva la implantación de la tienda en la ciudad. Ahora mismo tampoco hay una hoja de ruta marcada, están trabajando en ello los servicios jurídicos municipales y de la empresa, y en breve se informará sobre el tema", ha apuntado.
LA SENTENCIA "HAY QUE CUMPLIRLA"
Del mismo modo, ha puntualizado que los departamentos jurídicos estudian "en profundidad" la resolución del TSJCV, ya que, tal y como ha agregado, la decisión judicial "hay que cumplirla". "Cumpliremos lo que marca la sentencia. Insisto en que por parte del Ayuntamiento, en principio, no hay intención de proceder al recurso, más allá de sentarnos con la mercantil para conocer cuál es la intención de implantación y ofrecer las facilidades necesarias y posibles para llevarlo a cabo lo antes posible", ha recalcado.
Ante la insistencia de los medios de comunicación, ha confirmado que el consistorio alicantino "acata" la anulación, "de ahí" que quiera "conocer en profundidad el contenido de la sentencia para poder" cumplirlo, y ha asegurado "no tener noticias" de que las otras demandadas tengan previsto recurrir.
Asimismo, García Romeu ha emplazado a esperar a que el informe de los técnicos municipales "esté perfectamente redactado" para comunicar "qué es lo que literalmente llevará a cabo" el Ayuntamiento, y ha subrayado que el plan "queda completamente para empezar de cero" tras la decisión del TSJCV.
TRAMITACIÓN DEL PGOU
Por otra parte, ha indicado que "otra de las cuestiones" sobre la que se tiene que estudiar "hasta qué punto puede llegar a afectar" la sentencia es a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina, también bajo proceso de investigación dentro del 'caso Brugal' por presuntas irregularidades.
"Ahora mismo, en lo que estamos centrados es en hablar directamente con Ikea y tratar de sacar adelante su proyecto, que sin duda ahora mismo es lo más importante para la ciudad, poder conseguir que 3.000 puestos de trabajo se lleven a cabo a través de su implantación. En cuanto al PGOU, cuando se termine de estudiar la sentencia veremos en qué afecta respecto al mismo, igual en Conselleria, y seguiremos trabajando sobre el tema", ha incidido.
Para la portavoz, la anulación del plan Rabasa "es una situación que ha venido sobrellevada", si bien ha resaltado que los técnicos municipales consideran que no es necesario "echar para atrás el PGOU y rehacerlo". "No, ahora mismo no, los técnicos no consideran que estemos en ese punto, ni mucho menos", ha destacado.
Finalmente, preguntada sobre la repercusión para el Plan de Ordenación Urbana de la posible eliminación de las más de 12.500 viviendas proyectadas en la zona de Rabasa, ha insistido en que son cuestiones que se "intentarán encajar" cuando los documentos municipales estén "cerrados y la decisión tomada". "Hasta que no tenga los informes poco más que elucubrar puedo hacer", ha añadido.
