La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante mostró ayer su satisfacción por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJCV) al suponer la anulación del macro proyecto urbanístico conocido como Plan Rabasa.
Su presidente, José María Perea, destacó que la lucha contra este plan que prevé más de de 13.000 viviendas fue precisamente "el origen y filosofía de nacimiento de la Plataforma". "Nosotros nacimos como plataforma ciudadana y nuestro lema fue precisamente el No al Plan Rabasa". De hecho, la PIC fue la primera organización pública que presentó un recurso contencioso administrativo en el TSJ al que le siguieron el del PSOE y el de EU.
Según añadió Perea, estas primeras sentencias "obedecen a la demanda impulsada de modo particular por personas afectadas directamente por el proyecto" y destacó "que su argumentación jurídica es muy parecida a la que este colectivo mantiene en la demanda en los tribunales que llevó a cabo en su día y cuyo fallo sabemos que está igualmente dictado, aunque a día de hoy desconocemos aún el contenido de la misma".
Perea señaló que la PIC, después de estas sentencias, pide la dimisión "de sus dos principales impulsores desde el ámbito municipal, que son el exalcalde y hoy diputado autonómico Luis Díaz Alperi, y Sonia Castedo, en su doble función de concejal de Urbanismo hasta hace unos años y como alcaldesa". Añadió que la "salida" de ambos es dimitir, al margen de "todo lo que se podría decir de las investigaciones judiciales aún en marcha", refiriéndose Perea a las causas penales por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante en manos del TSJ y a la investigación por pesunto tráfico de influencias y cohecho durante la tramitación del Plan Rabasa que investiga un juez de Instrucción de Alicante. La PIC aprovechó ayer la información de actualidad sobre Rabasa para agradecer públicamente a través de un comunicado "todo el apoyo recibido durante los más de siete últimos años de diversos colectivos e instituciones de Alicante, así como de personas particulares, que han hecho posible que una entidad como la PIC haya podido mantener viva la referida demanda en los tribunales". Como consecuencia de lo anterior se compromete a realizar un análisis pormenorizado del proceso que ha anulado "el que siempre consideramos un proyecto insostenible en lo ambiental, especulador del territorio, carente de sentido de futuro y hecho a espaldas del interés general de los ciudadanos de Alicante".
