El Ayuntamiento de Alicante ha demostrado su incapacidad de contener la deuda con los proveedores. Así lo demuestra el hecho de que apenas un año después de que el Gobierno concediera un crédito de 48 millones de euros para sanear los impagos, la hacienda local acumule ya más de 3.600 facturas pendientes de pago que superan los 39 millones de euros. Un gran porcentaje de las mismas -casi un 60% según la Concejalía de Hacienda- se corresponden a gastos realizados al margen del presupuesto. Eso supone que el equipo de gobierno local incumple el plan de ajuste que presentó para contener el déficit como garantía para acceder al préstamo y que, además de medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos, recogía el compromiso de no gastar más allá de lo presupuestado.

El último informe de morosidad correspondiente al primer trimestre del año que el Ayuntamiento tiene obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda contempla la existencia de facturas pendientes por 39 millones, la mayor cifra acumulada desde el préstamo. De estas facturas, hay un total de 3.000 -por importe de 33 millones- que han superado el periodo legal de pago. Es decir, que llevan en el cajón durante meses, pese a la obligación de hacerlo en menos de 60 días.

Aunque desde la Concejalía de Hacienda sostienen que muchas de las facturas están en trámite de pago -las que obedecen a gastos presupuestados- y que los abonos se agilizarán tras el cobro del impuesto del IBI, admiten las dificultades para hacer frente a aquellas que no estaban previstas en las cuentas y que alcanzan los 21,6 millones de euros. Seva defiende que esa cantidad es inferior a la de gastos sin presupuestar de hace un año, pero la oposición le recuerda que su obligación -recogida en el plan de ajuste- era que no se volvieran a generar.

El portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, advierte también de que la deuda con los bancos está al borde del tope legal con un total de 174 millones. Desde UPyD, Fernando Llopis, coincidió en que los datos demuestran "que no existe un control continuo y exhaustivo de la deuda municipal" y que el plan de ajuste presentado por el PP era "irreal".

Por otro lado, Pavón criticó que la alcaldesa, Sonia Castedo, no se abstuviera en la votación de la junta del Patronato de Turismo para transferir al Ayuntamiento más de 200.000 euros de remanente con los que hacer frente a facturas pendientes con proveedores, entre ellos el empresario Enrique Ortiz. Al respecto, Pavón recordó que ha vuelto a pedir la recusación de la regidora para que se abstenga de votar asuntos vinculados al promotor por la relación que mantiene con él. Tanto EU como PSOE criticaron también que ese dinero no se hubiera utilizado en iniciativas turísticas, algo en lo que coincidió la asociación provincial de hosteleros.