22 de mayo de 2013
22.05.2013

Protección de Datos advierte de la ilegalidad de las cámaras que hay en los parques

La agencia abre un expediente al detectar que los dispositivos carecen de autorización para captar imágenes. El sindicato SPPLB denunció las deficiencias y las dificultades de acceso a las grabaciones

22.05.2013 | 00:00

La Agencia Española de Protección de Datos considera que las cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento de Alicante en los parques y en el exterior de colegios como arma contra el vandalismo carecen de autorización y, por tanto, no disponen de habilitación legal para captar imágenes.

Es por ello que la agencia ha abierto un expediente al consistorio en el que advierte de que podría estar cometiendo una infracción de la ley Protección de Datos tipificada como grave y le da 15 días para presentar alegaciones antes de emitir una resolución que podría llevar aparejada la obligación de tomar medidas correctoras.

La maquinaria de la Agencia de Protección de datos se puso en marcha a raíz de una denuncia presentada hace un año por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en la que hacían constar la falta de información recibida sobre el contrato que finalizará el próximo octubre, las deficiencias detectadas y las dificultades de acceso a las grabaciones por parte de los agentes pese a que, tal y como constata la entidad pública, las Fuerzas de Seguridad tienen la competencia de controlar estos sistemas de videovigilancia.

Aunque desde el área de Atención Urbana -responsable del contrato- trataron de justificar a petición de la Agencia el cumplimiento de los requisitos para la instalación de estos dispositivos, desde el organismo público han decidido iniciar el expediente de infracción al considerar que el casi medio centenar de cámaras colocadas en los parques de la Ereta, Palmeral, Lo Morant y el exterior de varios colegios carecen de la autorización administrativa necesaria y no tienen la habilitación legal. Este organismo de control no matiza en su escrito qué tipo de autorización se precisa, pero fuentes del sindicato SPPLB sostienen que entre los requisitos están contar con la resolución favorable de la comisión de garantías de la videovigilancia y haberse dado de alta en el fichero de videovigilancia.

En el mismo escrito en el que la entidad pública comunica su decisión de abrir expediente al Ayuntamiento, este organismo sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave de la Ley de Protección de Datos y apunta que el tratamiento de los datos de carácter personal debe requerir el consentimiento de los afectados.

Fuentes de este organismo, confirmaron la existencia de la denuncia contra el Ayuntamiento y explicaron que, con carácter general, cuando hay indicios de que una administración pública puede haber vulnerado la legislación se abre un "procedimiento de declaración de infracción", que es lo que se ha hecho en el caso de Alicante. Una vez que se constata la infracción, desde este organismo indican que la sanción, cuando se trata de una administración pública, no es económica sino que consiste en exigir la adopción de medidas. Desde la Agencia también se comunica al defensor del Pueblo las resoluciones dictadas.

Una vez iniciado el proceso, desde el área de Atención Urbana pueden presentar alegaciones, si bien ayer declinaron realizar declaraciones al respecto al asegurar que todavía no habían recibido el documento de la Agencia de Protección de Datos comunicando el inicio del proceso de infracción.

En un informe previo remitido a la entidad pública, desde el área que dirige Andrés Llorens indicaron que hay 41 cámaras instaladas grabando los accesos y viales de parques y alrededores de dos colegios y que se implantaron para tratar de disuadir a los vándalos. Aunque desde Atención Urbana sostienen en ese informe que las imágenes no se quedan grabadas, desde el SPPLB lo rechazan por la propia finalidad de las cámaras y las declaraciones anteriores realizadas desde el área municipal. Al respecto, denuncian las dificultades de los agentes para acceder a las mismas. Desde el sindicato vienen reclamando el pliego de condiciones del contrato para saber "cuántas cámaras hay, dónde y quién custodia los equipos de grabación". Una información que, a día de hoy, siguen sin recibir. Los agentes inciden también en las deficiencias del sistema, con cámaras que no funcionan.

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