El vicepresidente del Consell y responsable de la política hídrica autonómica, José Císcar ha iniciado una carrera contra el reloj junto al director general del Agua, José Alberto Comos, para formar en la provincia un equipo de expertos que, junto a otros murcianos, realicen un informe sobre las repercusiones que puede tener el nuevo plan hidrológico del Tajo sobre el futuro trasvase al Segura. Un documento que acaba de salir a exposición pública y del que dio cuenta ayer Comos en la Mesa del Agua de la Diputación de Alicante, que también aprobó la creación de una comisión técnica -con representantes del ente provincial, la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández así como del consorcio de aguas de la Marina Baixa- para analizar el documento del Ministerio de Agricultura y plantear posibles alegaciones al mismo. Unos soportes técnicos que evidencian la preocupación sobre el futuro del trasvase, aunque públicamente los representantes del Consell vienen asegurando que el memorándum que tienen previsto firmar con Murcia y el Ministerio garantiza su continuidad.
Por su parte, la Generalitat quiere contar con Francisco Cabezas, redactor del PHN de Aznar que contempló el trasvase del Ebro, y busca también referentes en la universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche, y entre el colectivo de los regantes, donde la decisión de elevar la reserva de agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía hasta los 400 hm3 ha levantado polémica y división de opiniones. Máxime cuando según datos de la propia Confederación del Tajo, en el último año hidrológico de gran sequía (2005-2006), del complejo de Entrepeñas y Buendía no hubiera salido una sola gota de agua a la provincia, ya que la cantidad de agua embalsada no superó los 350 hm3 durante doce meses. Císcar tiene prisa porque ya se ha abierto el periodo de alegaciones de seis meses, y el Consell pretende entregar el informe al ministro Arias Cañete en tres.
El objetivo es defender la llegada del máximo caudal posible de agua del Tajo a la cuenca del Segura y reforzar los dictados en el memorándum consensuado por Murcia y la Generalitat Valenciana -no por Castilla-La Mancha, por el ministerio aún no-, en el que se establece que el Tajo-Segura es estratégico para Alicante y Murcia, donde cerca de 200.000 empleos dependen de que llegue agua de la cuenca cedente. Algo que desde hace años trata de impedir Castilla-La Mancha en una cruzada a la que se ha sumado también Madrid. Ese memorándum, según avanzó ayer Comos, se suscribirá la próxima semana entre la Comunidad Valenciana, Murcia y también el Ministerio.
Un memorándum que, según la vicepresidenta de la Mesa del Agua, Mónica Lorente, será el que "concrete las reglas del juego". En cuanto al borrador sobre el plan del Tajo, Comos defendió públicamente las bondades del documento comparándolo con el que se planteó en 2011 y que criticó duramente. En cuanto a uno de los aspectos más polémicos del plan, el de aumentar de los 240 hm3 actuales a los 400 hm3 la reserva necesaria en los embalses de cabecera para poder trasvasar agua desde el Tajo al Segura, Comos consideró se trata de algo "secundario", en contra de las advertencias de los expertos de la Universidad de Alicante, que sostienen que supone condenar el trasvase en tiempos de sequía.
Al respecto, Comos agregó que "lo principal es control de los desembalses de Entrepeñas y Buendía con una auditoría hídrica que hasta ahora no han tenido". Además de ese "ahorro" con el control de los desembalses, defendió que el incremento de la reserva "se hará de forma escalonada y el impacto será mínimo". También aludió a las épocas de sequía asegurando que se está "trabajando para que se flexibilice la cesión de derechos con la creación de bancos de agua y se generalicen", lo que permitiría que los regantes de Castilla-La Mancha y la provincia pudiesen llegar a acuerdos de transferencias de agua al margen de los trasvases oficiales. Unos bancos de agua que, según afirmó, serán de carácter "público".
Los regantes, no obstante, mostraron en la Mesa del Agua su rechazo tajante al incremento de la reserva de agua en los embalses de origen. Así lo trasladó el presidente de Asaja, Eladio Aniorte, quien calificó de "losa" esa aumento en la línea roja de la reserva y, aunque aseguró que algunos de los aspectos del plan del Tajo pueden ser positivos, agregó que "la creación de bancos de agua debe estar muy buen regulada", puesto que "hay que tener en cuenta que el que tiene el poder, en este caso el agua, será el que ponga las condiciones".
Por su parte, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, se refirió a las recientes declaraciones del representante de los agricultores de Valencia, Cristóbal Aguado, en las que aseguraba que "el Júcar no se toca", en evidente alusión a la posibilidad de realizar nuevos trasvases al sur, aseverando que "Alicante no quiere quitarle el agua a nadie, sino que una satisfechas las necesidades de la cuenca cedente quiere que sea posible aprovecharla respetando el caudal ecológico".
Un equipo de prestigio
Entre los miembros de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua de la Diputación, que fue aprobada por unanimidad, se encuentra el ingeniero director del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa Francisco Santiago. También el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, el director del Instituto del Agua y Ciencias Ambientales de la UA, Daniel Prats y el profesor de Química de la Universidad Miguel Hernández Manuel Miguel Jordán. El jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Alicante, Antonio Medina, será otro de los integrantes de la comisión constituida para analizar el documento sobre el Tajo.
