Lejos de mejorar, la situación del Consell y del PP, cuando todavía no se ha llegado ni siquiera a la mitad de la legislatura en las Cortes Valencianas, se deteriora por momentos. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), sustanciada esta misma semana, de ampliar el sumario de la rama valenciana de la trama Gürtel con tres nuevas piezas -la visita del Papa, contrataciones de empresas públicas con la red de Correa y El Bigotes y delitos contra la Hacienda pública- eleva ya a catorce las investigaciones judiciales por corrupción que lastran la gestión de la Generalitat -casi bloqueada- y que, además, ponen contra las cuerdas al PP. Con el Consell sumido en la mayor crisis institucional y política de su historia, sin síntomas de mejora en la economía y azotada por los efectos de la corrupción, la situación del PP es muy complicada: los sondeos que manejan los principales partidos, de hecho, coinciden en apuntar un amplio retroceso de los populares que podría ser superior, incluso, a los diez puntos.
Desde el Consell admiten que, en estos momentos, el "día a día" del mandato de Alberto Fabra se ha convertido en un calvario que hace imposible "vender" gestión. Y en el PP reconocen que el "escenario es cada vez más complejo". La espiral de tensión, con los ataques a la sede popular y el incidente con José Císcar en Sueca, son una buena muestra. Es muy difícil, señalan desde la institución y desde la cúpula popular, poder cuadrar un discurso que pueda contrarrestar los efectos de los sumarios por corrupción que afectan al PP, acrecentado a raíz de desvelarse el contenido de los papeles de Luis Bárcenas -el antiguo guardián de las finanzas de Génova- y de las acusaciones sobre el reparto de sobres entre altos cargos populares. La aparición en escena de la contabilidad de Bárcenas ha ejercido como detonante para ampliar la onda expansiva de la bomba de relojería que maniata a los populares desde hace tiempo y, además, ha limitado todavía más el argumentario de Alberto Fabra.
En estos momentos, de hecho y después de las novedades judiciales de esta misma semana, el PP de la Comunidad arrastra, por ahora, catorce investigaciones por corrupción con un impacto directo sobre la imagen del Consell. Media docena, casi la mitad, corresponden a la rama valenciana de la trama Gürtel, convertida, a pesar de la tesis del PP, en algo más que tres trajes. Se corresponden con las adjudicaciones a El Bigotes de los estands de Fitur, un sumario en el que la Fiscalía pide pena de cárcel e inhabilitación para dos de las tres conselleras de Turismo de Camps; y la supuesta financiación ilegal del PP, respectivamente, durante las campañas electorales de las autonómicas de 2007 y de las generales 2008, cuentas pendientes de la etapa en la que Bárcenas aún manejaba la contabilidad general de Génova. Están imputados en estos tres sumarios media docena de diputados autonómicos del PP: Ricardo Costa, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Yolanda García Santos, David Serra y Vicente Rambla. A ellas deben sumarse ahora la que indagará sobre el supuesto reparto de comisiones en la visita del Papa a Valencia; adjudicaciones de empresas públicas a la trama Gürtel, entre las que se encuentra, junto a otras, la contrata de medio millón que logró el Bigotes para organizar la fiesta de apertura de Volvo Ocean Race en 2008; y, finalmente, una pieza sobre la comisión de un presunto delito contra la Hacienda Pública.
En el alto tribunal valenciano, junto a los sumarios de Gürtel que instruye el juez José Francisco Ceres, también se está viendo el supuesto fraude en el reparto de las ayudas de Cooperación, un proceso en el que está imputado el exconseller y también diputado Rafael Blasco; y la pieza de la operación Brugal que investiga el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante, en la que están imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos también con escaño en las Cortes. Ocho piezas en total que colapsan el TSJ, que ha pedido refuerzos para poder afrontar todas las investigaciones pendientes.
El sumario de Brugal, un procedimiento que nace en 2007, en todo caso, también incluye, aunque ya en los juzgados de Orihuela, el sumario que analiza el supuesto trato de favor en la concesión de la planta de basuras de la Vega Baja al empresario Enrique Ortiz, un procedimiento en el que el expresidente de la Diputación Joaquín Ripoll está imputado por media docena de graves delitos. E, igualmente, la pieza que indaga sobre la concesión de la contrata de basuras de Orihuela. También en la Vega Baja, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ya dimitido de las Cortes a raíz de la condena por su labor en el consistorio salinero, se enfrenta ahora a otras dos causas: una por una operación millonaria de compraventa de una finca y otra por prevaricación durante su labor municipal.
Esta misma semana, además, el Tribunal Supremo ha dado vía libre a juzgar a Carlos Fabra, presidente del aeropuerto de Castellón y exlíder del PP en esa provincia, por cohecho. Y se han revelado también gran parte de las maniobras de Iñaki Urdangarin en la Comunidad, que le permitieron acceder a contratos por 3,5 millones del Ayuntamiento de Valencia y del Consell, durante la etapa de mandato de Francisco Camps. Cierra la nómina el caso Emarsa, una investigación sobre el saqueo de la empresa pública que gestionaba una depuradora de Valencia y en la que sus gestores -colocados por el PP- dejaron un agujero que, según la oposición, llegaría a los 25 millones.
Esta situación tiene un reflejo en los datos de los sondeos que barajan las cúpulas de los principales partidos y que, en todos los casos, coinciden: a tres meses para que se llegue a la mitad de la legislatura en las Cortes Valencianas, los populares registran un serio retroceso.
