Con una argumentación de marcado tono procesal que no entra en el fondo del asunto, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad acaba de frustrar el último intento del empresario Enrique Ortiz de anular las intervenciones telefónicas por los presuntos amaños del PGOU en la fase de instrucción en la que actualmente se encuentra la causa. Un proceso en el que, además del promotor, están implicados los dos últimos alcaldes de Alicante, los populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por supuestamente revelar datos secretos del planeamiento urbano de la ciudad a Ortiz a cambio de regalos.
En un auto del que ha sido ponente el magistrado José Ceres, la sala desestima el recurso de queja que los representantes legales del empresario presentaron contra la decisión del instructor, el magistrado Juan Climent, de no admitir los recursos contra unas escuchas que los letrados piden invalidar por considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, como al del juez predeterminado por la ley y al secreto de las comunicaciones. La sala entiende que la queja se ha presando contra un recurso de reforma en vez de contra una apelación, un criterio que no comparte la defensa del empresario, y que por eso no puede ser estimado.
La queja de la alcaldesa
Una vez resuelta la queja planteada por Ortiz a la sala le queda por dar una solución a la interpuesta por el abogado de la alcaldesa, en la que también plantea invalidar los pinchazos. El letrado de la regidora insiste en que su clienta no ha tenido oportunidad antes de solicitar la nulidad de las intervenciones ya que hasta que el asunto no llegó al TSJ no pudo personarse dada su condición de aforada.
