El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene previsto aprobar de manera inminente una profunda remodelación de las administraciones locales. En una o dos semanas a más tardar, el Gobierno central presentará una batería de medidas para poner coto a los excesos que se han venido produciendo durante los últimos años en algunas entidades locales. Se eliminarán duplicidades, se limitarán los sueldos de los concejales en los ayuntamientos y se acotará muy mucho el número de asesores que pueden contratar los políticos, entre otros muchos aspectos.

Pues bien, esta última medida afectará de lleno a la Diputación de Alicante. La institución capitaneada por Luisa Pastor tiene aprobadas a día de hoy 46 plazas de asesor, aunque todavía tiene pendientes de cubrir ocho, según apuntan fuentes del equipo de gobierno. En total, 38 cargos de confianza para 31 diputados. Estos guarismos sitúan a la Diputación de Alicante como la que más asesores tiene de la Comunidad y, por tanto, la que más puestos deberá suprimir. Porque, tal y como ya informó este diario en su día, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local contempla que las entidades locales no puedan tener más asesores que cargos públicos. Y aquí, en la de Alicante, hay siete más. A falta de cerrar la liquidación de 2012 y se conozca la cuantía exacta, el Palacio Provincial reservó 1,49 millones ese año para hacer frente a las nóminas de sus asesores.

Sus homólogas de Valencia y Castellón arrojan guarismos similares... pero inferiores. La de Valencia, por ejemplo, presupuestó el pasado año un gasto de 1,39 millones para 37 asesores. Y la de Castellón destinó 1,41 millones para abonar los salarios de 35 cargos de confianza. Ambas, no obstante, han seguido las mismas políticas que Luisa Pastor. Sólo 18 días después de que tomara posesión al frente de la institución provincial alicantina, la también alcaldesa de San Vicente celebró un pleno extraordinario y redujo de manera notable tanto el número de cargos de confianza como la cuantía destinada a ellos. Pastor se distanció así de su antecesor en el cargo, Joaquín Ripoll, que durante su época al frente de la institución llegó a tener cerca de 70 personas contratadas "a dedo".

El nuevo equipo de gobierno además suprimió cinco gerencias (Recursos Humanos; Medio Ambiente y Energía; Salud Mental; Economía y Hacienda; y Ciclo Hídrico) y amortizó las plazas de director del MUBAG y de subdirector del gabinete de Comunicación.

Adiós a los privilegios

Junto al tijeretazo en los puestos, el equipo de Luisa Pastor también decidió poner punto y final a toda una serie de privilegios para los diputados. Todos dejaron de cobrar un complemento de productividad de 6.000 euros, sus dietas se redujeron en un 50%, se les prohibió alojarse en hoteles de cinco estrellas durante los viajes oficiales, se les obligó a desplazarse en clase turista y no en preferente, y se les limitó el uso de taxis a cuatro diarios. Además, se redujeron de manera considerable las cantidades a cobrar por asistencia a reuniones y consejos. Por acudir al de Suma antes se cobraba cerca de 1.200 euros. Desde que llegó Pastor, esa cuantía se rebajó un 75% y quedó fijada en 300 euros.