Los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular en la operación Gürtel, solicitan en su escrito de calificación provisional sobre la parte del sumario en la que se investigan las contrataciones de la Generalitat con Orange Market relacionadas con la adjudicación de Fitur entre los ejercicios de 2005 y 2009, penas de prisión por varios delitos e inhabilitación, además de multas multimillonarias, para el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y para las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Los tres mantienen su escaño, a día de hoy, en las Cortes Valencianas aunque apartados de la cúpula del grupo popular. Martínez, además, continúa en la alcaldía de Novelda y ya se ha mostrado contraria a dimitir.

De acuerdo con el documento de 75 páginas en el que la formación que lidera Ximo Puig recoge sus conclusiones sobre las adjudicaciones de Fitur a Gürtel, los socialistas solicitan que se impute al presunto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa; a su número dos y antiguo dirigente del PP en Galicia, Pablo Crespo; y al responsable de la empresa Orange Market y delegado de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, más conocido como "El Bigotes", hasta cinco delitos: prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental y cohecho. Para cada uno de ellos solicitan seis años y medio de prisión.

Para los cargos políticos involucrados en las adjudicaciones -Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such-, el PSPV reclama cárcel, multas e inhabilitación. Las mismas penas solicitan para el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo Rafael Betoret, que ya estuvo inmerso en el caso de los trajes de Gürtel junto a Francisco Camps y Ricardo Costa. Para Rambla exigen un año de prisión, un total de 16 de inhabilitación para cargo público y multa de 11,3 millones de euros por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Para Milagrosa Martínez piden hasta un máximo de seis años de cárcel, hasta 44 años de inhabilitación y sanción de casi 7,9 millones por cinco supuestos delitos. Y, finalmente, para Angélica Such reclaman cuatro años de prisión, 26 de inhabilitación y multa cercana a los 3,5 millones por tres delitos. Además, el PSPV pide el decomiso de los regalos que habrían recibido de las empresas de Gürtel.

Igualmente, los socialistas valencianos también solicitan prisión para personas que tuvieron relación con Orange Market como Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero; y para los funcionarios Isaac Vidal, Jorge Guarro, Juan Bover y Ana Grau. El magistrado José Ceres, encargado de instruir el caso Gürtel, acordó en diciembre procesar a Vicente Rambla, a las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y a Rafael Betoret. El trámite de calificación es previo a que se marque el juicio.