Pagar por las medicinas es un obstáculo para un creciente número de enfermos de la provincia, que se ven obligados a recurrir a las ONG para no abandonar sus tratamientos. Sólo Cruz Roja ayuda ya económicamente a cerca de 1.300 personas para que puedan adquirir medicinas y otros productos sanitarios. De ellos, más de un millar son pacientes mayores o discapacitados, 122 son personas en situación de pobreza y cerca de un centenar inmigrantes.
Casos que, según reconocen desde la institución humanitaria, eran una anécdota hace tan sólo un año, pero que desde el pasado verano no han hecho más que aumentar tras las últimas medidas adoptadas por el Gobierno en materia sanitaria. Medidas, como el copago por los medicamentos, que se suman al agravamiento de la crisis económica y que han complicado aún más la situación de determinados sectores de la población. Además, desde el 1 de septiembre, los inmigrantes sin papeles han quedado fuera del sistema sanitario público, por lo que tienen que abonar el cien por cien del coste de los tratamientos. El acceso a productos de ortopedia también se ha complicado, ya que desde hace un par de años los pacientes tienen que adelantar el dinero para comprar andadores, muletas o sillas de ruedas, que en algunos casos pueden llegar a costar varios miles de euros. Sanidad está tardando más de un año en devolver el dinero de estos productos, cuando el tiempo máximo debería ser de tres meses.
Cruz Roja no es la única institución humanitaria que está ayudando a enfermos que no pueden acceder a los tratamientos. Sólo en la comarca de l´Alacantí, Cáritas ha aportado en el último año más de 4.000 euros para la compra de medicamentos, según ha destacado Cecilia Alegre, coordinadora de Acción de Cáritas en la comarca de l´Alacantí. La zona norte de la ciudad de Alicante es en la que más dinero se destina en este sentido, «aunque también hay una gran demanda en barrios como el Pla, Florida, Babel y la zona del Cementerio».
El Observatorio del Derecho Universal a la Salud (Odusalud) también ha denunciado cerca de 80 casos de inmigrantes en situación irregular que están teniendo problemas para acceder a los tratamientos en la Comunidad. En la mayoría de estos casos se esconden problemas económicos para acceder a los medicamentos, según ha denunciado el Observatorio en un informe.
Además de estas entidades, los profesionales de la sanidad también han dado la voz de alarma. Los médicos de familia alertaron el pasado verano de un creciente número de pacientes que abandonan sus tratamientos al no poder pagar los fármacos. Con la entrada en vigor del copago, el pasado 1 de julio, los jubilados pagan por vez primera el 10% del coste de los medicamentos con determinados topes en función de sus ingresos.
Cambio normativo
Por otro lado, el Colegio de Farmacéuticos de Alicante ha alertado sobre las intenciones del Gobierno central de cambiar la ley para que los propietarios de las farmacias no tengan que ser farmacéuticos, lo que abre la puerta a las grandes cadenas farmacéuticas . La propuesta parte del Ministerio de Economía y se ha encontrado con el firme rechazo de los boticarios. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime Carbonell, defiende que el hecho de que el empresario sea farmacéutico «es la mejor garantía para priorizar el interés sanitario y para que en situaciones adversas como la que afrontamos estemos al lado del paciente».
Llombart cifra en 800 millones la deuda con los proveedores sanitarios
El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, afirmó ayer que la deuda con proveedores de servicios sanitarios asciende a entre 700 y 800 millones de euros y aseguró que la Generalitat está «trabajando» para ponerse al día con los pagos. Llombart hizo estas declaraciones ayer en el Hospital Provincial de Castellón, donde conoció la implantación de 35 dispositivos informáticos táctiles para acceder a la historia clínica de los pacientes. Al ser preguntado por los impagos a proveedores, Llombart dijo que la Generalitat ha recibido el apoyo «importante» del Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El conseller afirmó que hace «escasos días» se recibió una «inyección» del FLA que «fue repercutida en gran parte a los proveedores y en esa línea seguiremos».
Por otro lado, Llombart, señaló que la Conselleria «matizará» las medidas del modelo sanitario de gestión compartida cuya aplicación «pueda ser dificultosa», entre ellas la del gestor en hospitales, mientras que el resto ya se están licitando.
Así, explicó que el modelo sanitario de gestión compartida está compuesto por distintas medidas que el nuevo equipo de la Conselleria de Sanidad está estudiando «una a una» para aplicar las que entiende que generarán una eficiencia directa, «que ya se están licitando», mientras que «se matizarán las que pueden tener un incremento en la eficiencia pero su aplicación puede ser dificultosa».
